Mendoza no debería realizar ninguna modificación sobre el cauce del Atuel sin el aval pampeano, aunque sea en su territorio. Un especialista sostuvo que, sin obras de regulación, esa canalización del río no servirá para nada.

El ingeniero civil Oscar Rodríguez Díez, un profesional con amplia trayectoria en nuestra provincia y sólido conocimiento de la problemática de la cuenca del río Atuel, planteó que las obras que proyecta realizar el gobierno de Mendoza en el curso superior del río resultan claramente inviables, por cuestiones legales y por razones técnicas. Primero, porque el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 1987 obliga a Mendoza a acordarlas previamente con La Pampa, como condómina del río -algo que nunca ha hecho-; y en lo técnico por la inapropiada ubicación de las mismas y sus sustanciales deficiencias técnicas; que las hacen claramente inestables frente a los elevados caudales de las crecientes. A ello se suman "muy importantes objeciones fundadas respecto a la necesidad, conveniencia, costos y beneficios de las mismas".

"Corresponde remarcar que, hace ya tres décadas, la CSJN estableció el carácter interprovincial de la cuenca del río Atuel, con los condicionamientos legales que ello presupone", sostuvo el ingeniero Rodríguez Diez al advertir la desatinada decisión que ha tomado Mendoza de rectificar una parte del cauce sin consultar a La Pampa. El profesional plantea que ante esos 'condicionamientos legales implícitos' resulta inaceptable que nadie en la provincia de La Pampa haya cuestionado la realización de las obras por parte de Mendoza. Especialmente las autoridades del Gobierno de La Pampa, que son principal responsable de velar por el debido respeto de los derechos provinciales sobre esas aguas.

Acuerdo.

La obligación señalada por Rodríguez Diez, de que esas obras como cualquier otra sobre el Atuel, deben realizarse con el acuerdo expreso de todas las provincias condóminas, resulta de la conclusión fundamental de la decisión adoptada en 1987 por la CSJN: de "Declarar que el río Atuel es interprovincial" (artículo 1º de su fallo), para luego "Exhortar a las partes a celebrar convenios tendientes a una participación razonable y equitativa en los usos futuros de las aguas del río Atuel, sobre la base de los principios generales y las pautas fijadas en los considerandos de esta sentencia" (artículo 3º).

Estos preceptos parecen haber pasado desapercibidos por las autoridades pampeanas, porque pese a la amplia difusión periodística que tuvo el tema, ninguno de sus organismos competentes ha formulado objeciones ante esta nueva acción unilateral de Mendoza sobre ese río de propiedad común. Aunque resulta "perogrullesco", lo señalado por el ingeniero Rodríguez Diez pone en evidencia una grave falencia de parte del Gobierno Provincial.

Cuestiones técnicas 

En el tramo entre El Sosneado y El Nihuil, "el río Atuel tiene muy fuertes pendientes y un cauce conformado por graves arenosas, materiales muy erosionables", señaló el especialista, por lo que "Tales obras carecerían de la estabilidad necesaria y sufrirían fuertes deterioros, especialmente con los altos caudales de crecientes, por la falta de obras para su control". Para subsanar esos inconvenientes se requerirían "costosos trabajos para reducir esas fuertes pendientes y/o darle mayor estabilidad a las secciones de escurrimiento, mediante apropiados tratamientos". Estos serían innecesarios si las obras se hicieran de acuerdo a un programa de obras elaborado por el especialista y dado a conocer en la edición de LA ARENA del día 5 de abril de 2015. 

"Para aumentar los beneficios logrables del río Atuel, proponemos desarrollar un Proyecto de Aprovechamiento Múltiple de sus Recursos Hídricos que permitiría un sustancial incremento del área regable y la generación hidroeléctrica; además de suministrar abundante agua potable a importantes poblaciones carecientes de ese vital elemento", recordó el entrevistado. Estas obras permitirían lograr "una drástica reducción de sus actuales fuertes pérdidas por infiltración, aguas arriba de El Nihuil, cercanas a un tercio del caudal; y un sustancial aumento de la muy baja capacidad de embalse existente, que es de una cuarta parte de la requerida para lograr una buena regulación del río". Las obras propuestas por el especialista lo resolverían, en forma adecuada, al cuadruplicar la capacidad de embalse existente.

La sistematización del cauce del Atuel aguas abajo del paraje La Junta que propone Mendoza, "resulta a nuestro muy bien fundado juicio totalmente inapropiada, porque los problemas que se procura resolver se originan aguas arriba de la ubicación de las obras propuestas para su control; lo que implica un claro desconocimiento de las reales condiciones locales; ignorando los grandes beneficios logrables con un apropiado programa de obras de aprovechamiento". 

Faltan obras de control.

Respecto a las grandes pérdidas por infiltración que tiene el Atuel a la salida de la precordillera, "sostenemos con muy sólido fundamento que las mismas se originan bien aguas arriba de La Junta, es decir por encima del inicio de las obras de sistematización propuestas por Mendoza para su control", advirtió Rodríguez Diez. Por lo cual esos trabajos "no podrían subsanarlas", por el simple hecho de que el problema está en otro lugar. "Lo podemos afirmar en forma categórica y con máxima responsabilidad técnica, a partir de un consistente estudio que hemos realizado basado en las imágenes satelitales del lugar y en la información relevada durante los varios reconocimientos del terreno, realizados en la década pasada". 

"Otra crítica fundamental a esa propuesta del Gobierno de Mendoza -añadió-, es haber omitido señalar la imperiosa necesidad de construir grandes obras de embalse para poder regular sus muy variables derrames naturales, ajustándolos temporalmente a la estacionalidad de las demandas de agua a satisfacer; y poder compensar la marcada variación interanual; así como controlar sus crecientes. Respecto a lo cual no se dice nada sustancial". 

Falencias.

A manera de conclusión Rodríguez Diez reiteró que "lo que el Gobierno de Mendoza propicia, con el claro propósito de mejorar sus posibilidades de aprovechamiento unilateral del río Atuel, carece del necesario sustento técnico, resultando inapropiado y/o inoperante para poder lograrlo, además de reñido con su carácter interprovincial". Presentando "inadmisibles falencias técnicas y legales que urge remediar, con la pronta implementación de una verdadera autoridad de Cuenca; como Coirco, o la Interjurisdiccional del río Negro; con las facultades requeridas para poder cumplir cabalmente sus funciones".

Por último, consideró que la adecuada solución al viejo conflicto por el uso de los recursos hídricos del Atuel exige que la Corte Suprema de Justicia Nacional intime a las provincias condóminas del mismo a "negociar flexiblemente y en términos concretos y perentorios", para procurar a la brevedad "una solución equitativa para ambas partes" y para la región toda. Una herramienta para alcanzar ese objetivo sería la puesta en práctica del Programa de Aprovechamiento Múltiple Compartido del río Atuel que se expuso en este diario en el mes de abril.