Finalmente, y después de un injustificado retardo, la provincia de Mendoza está formalmente notificada de que le debe explicaciones a la Corte Suprema de Justicia por el corte del río Atuel. El trámite, después de que se hiciera pública la absurda demora, se cumplimentó ayer a las 13.20 horas.

Horas antes de que se concretara ese acto, el abogado Andrés Gil Domínguez había aseverado que las excusas de la Justicia Federal con sede en Mendoza para no notificar formalmente a la provincia cuyana podían constituir “una conducta delictiva”, encuadrable en -al menos- un incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Ayer por la mañana, Gil Domínguez acusó a la jueza federal de no actuar de acuerdo al pedido de la Corte Suprema: buscó “un procedimiento mucho más complejo” para notificar al Ejecutivo mendocino, a tono con la estrategia dilatoria que tiene la provincia cuyana. Tal como informó El Diario, el último argumento había sido que el oficial notificador tiene problemas en los pies y por eso no podía llevar la documentación a destino.

Dos horas después de las declaraciones del abogado, la notificación se hizo realidad.

La demora se generó “porque la Corte le ordenó a una jueza federal que notificara mediante una forma muy simplificada, mediante un oficio de un abogado que está procurando la causa. Pero en vez de hacer ese procedimiento sugerido por la Corte ordenó un procedimiento mucho más complejo que es la notificación por cédula, que tarda mucho más y que en vez de hacerlo un abogado tiene que hacerlo un oficial notificador”, contó Gil Domínguez.

Explicó que la cédula de notificación desde el 7 de marzo estaba en la oficina de la Cámara Federal de Mendoza “pero el notificador, que se llama Edgardo” no lo hacía “porque dice que le duelen mucho los pies, entonces tiene problemas para caminar”.

Más allá de la excusa absurda, se estaba frente a una situación que ponía “en estado de indefensión a La Pampa”, dijo Gil Domínguez. Había advertido también que la explicación “es irracional, es provocativa y demuestra la situación y la postura del gobierno de la provincia de Mendoza, demuestra su preocupación, una gran inseguridad y una búsqueda de tiempo para buscar argumentos que no tienen. Si estuvieran seguros de su postura no tendrían que acudir a este tipo de chicanas muy infantiles pero muy efectivas”, juzgó Gil Domínguez en www.radiokermes.com

El abogado patrocina la demanda que Miguel Palazzani presentó en la Corte. Opinó que la situación dilatoria “es mucho más grave porque estamos hablando de la Justicia federal, que representa los intereses del Estado federal, no representa los intereses provinciales. De persistir esta conducta, es claramente delictiva, puede ser un incumplimiento de los deberes de funcionario público, amén de algún otro delito que se pueda concursar”.

Interpretó, antes de que se concretara la notificación, que “cualquier fiscal mendocino está en condiciones de tomar esta situación e investigar la situación. Es una dilación que si no se soluciona urgentemente dará lugar a una intervención mucho más profunda de la Corte y eventualmente a que se inicien acciones penales”.

Gil Domínguez opinó que queda en evidencia que “la postura de la provincia de Mendoza es muy débil, ya no pueden sostener porqué en La Pampa no corre el Río Atuel”.

Acerca de la presentación como amicus curiae por parte del diputado Juan Pablo Morisoli y de la Universidad Nacional de la Pampa, consideró que “son muy positivas, tienen un alto expertice técnico en la materia y pueden aportar muchísimos elementos, van a sostener y enriquecer la postura. En la medida en que se sumen todos los amicus curiae, con una mirada interdisciplinaria, es muy positivo para La Pampa”.

Cuando se le preguntó si el gobierno pampeano se había contactado formalmente con él o con la causa, respondió: “Hubo una reunión informal, pero sólo una charla. Técnicamente conmigo no se ha comunicado absolutamente nadie ni ha habido alguna clase de acercamiento o trabajo conjunto, aunque sea para saber qué va a contestar La Pampa, que no sólo tiene que brindar cierta información a la Corte sino que tiene que fijar su postura en términos procesales, si adhiere, si amplía o si no adhiere. Hasta ahora no ha habido llamado, algún diálogo formal técnico”.