La Argentina está a punto de vivir una de los avasallamientos más graves sobre las instituciones en democracia, a partir de los proyectos de ley de reforma judicial que envió el gobierno de Cristina Fernández al Congreso y que empezará a aprobar hoy el Senado. En una sesión especial se debatirá en la Cámara alta la reforma del Consejo de la Magistratura y la creación de tres cámaras de Casación (ver aparte).

En relación a la modificación que propone el gobierno para el organismo encargado de seleccionar a los funcionarios judicial, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez dijo a Hoy que “es un total avasallamiento de la independencia de los jueces porque al intervenir en la elección popular para los miembros del consejo de la Magistratura se establece que el que gana la elección maneja al Consejo y tiene la capacidad de elegir a los jueces que quiera y destituir a los que no quiera y tengan la voluntad de investigar al Estado”.

La dependencia de la Justicia al poder político que pretende instalar el kirchnerismo ya fue implementada en la Venezuela de Hugo Chávez. “La independencia del poder judicial en Venezuela comenzó a ser erosionada en 1999 —años antes del copamiento del Tribunal Supremo en 2004— a través de la implementación de un mecanismo de designación y destitución arbitraria de jueces en situación de provisionalidad”, consignó la HRF (Human Rights Foundation) en un informe enviado a la oficina de la Relatora Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas.

En 1999 el gobierno de Chávez reformó la constitución y se disolvieron los organismos encargados de evaluar y seleccionar los jueces, atribuciones que asumió transitoriamente la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial (CFRSJ). “Bajo este régimen institucional, sobrevino la proliferación de jueces temporales o provisorios de libre nombramiento y remoción. Entre las gestiones 2002 y 2004, el porcentaje de jueces en situación de provisionalidad fue de poco más del 80 por ciento de los jueces venezolanos”, advirtió la HRF.

El 18 de mayo de 2004, la Asamblea Nacional venezolana, con mayoría oficialista, dictó la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que estableció que tanto el nombramiento como la destitución de los magistrados del máximo tribunal sería por mayoría simple de los votos de la Asamblea Nacional. Incluso hasta violando la Constitución vigente, que establecía las “dos terceras partes” de los integrantes de la Asamblea Nacional para remover a los jueces del Tribunal Supremo. El propio Chávez dijo en un acto público del 25 de marzo de 2007 que “ni el Tribunal Supremo de Justicia, ni ningún juez puede estar y actuar a espaldas de la revolución y del líder de la misma”.

“El kirchnerismo intenta establecer un régimen como el venezolano en todos los aspectos económico, político y judicial”, consideró el constitucionalista Gil Domínguez, para quien la reforma judicial K “busca politizar y partidizar a la Justicia, que es totalmente lo contrario a la reforma de la Constitución del 94 que buscaba formas más profesionales en la selección de jueces y menos políticas”.

Los proyectos K avanzan en el Congreso

Fuentes parlamentarias ya dieron por descontado que el oficialismo logrará aprobar hoy la reforma del Consejo de la Magistratura y la creación de tres cámaras de Casación hoy en el Senado, luego de la reunión de ayer de la Comisión de Labor Parlamentaria, que duró apenas minutos.

Mientras, en Diputados buscarán aprobar hoy otros tres de los seis proyectos que conforman la reforma judicial. En la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales primero se trató el proyecto de ley que dispone la publicidad vía Internet de las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado. Sin intervalo, en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, se trataron la publicidad por internet de las causas judiciales y el acceso de empleados al Poder Judicial.

Protesta opositora en Tribunales

Dirigentes de distintos partidos de la oposición encabezaron este mediodía frente al Palacio de Tribunales un acto de rechazo a la reforma judicial impulsada por el Gobierno. Bajo la consigna "en defensa de una justicia independiente", los referentes opositores se apostaron desde las 12 frente a la sede de Talcahuano 550, acompañados por particulares que mostraron carteles con las leyendas "sin justicia no hay futuro" y "no a la mentirosa democratización de la Justicia".

Estuvieron el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, los radicales Ricardo Gil Lavedra y Mario Barletta, María Eugenia Estenssoro, Graciela Ocaña, entre otros. Además del ex fiscal Julio César Strassera, quien afirmó que "se les van a pedir cuentas a los senadores" que apoyen las iniciativas de la Casa Rosada, porque "esto algún día se va a terminar".

Los presentes cantaron el himno y luego los dirigentes firmaron un documento de rechazo a lo que describieron como un "intento de control de la Justicia" por parte del Gobierno.

Rechazo de los abogados

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) envió una nota al Senado nacional en la que sostuvo que la reforma judicial "no viene a mejorar el sistema sino, más bien, a someterlo". Anunció que impugnará en los tribunales las iniciativas si se transforman en ley y presentó su propio proyecto sobre Consejo de la Magistratura.

Esa iniciativa propone que el Consejo esté integrado por 17 miembros, entre ellos un juez de la Corte Suprema, como había en su primera composición, cuatro magistrados de otras instancias, cuatro abogados, un representante del Poder Ejecutivo, uno de los académicos, tres diputados y tres senadores.

"Asistimos azorados a la violación del orden constitucional", sostuvo el CPACF, que preside Jorge Rizzo (foto) en una nota enviada a la Cámara alta, donde se debaten los proyectos para el Consejo y las medidas cautelares.