Se trata de un peronista que había tomado distancia de la dupla gobernante. En la ofensiva de los últimos meses, se armó un esquema multipartidario que se consolidó como un núcleo con fuerza propia. Luego de la suspensión se convocó a quien por Ley corresponde quedar a cargo, y de inmediato asumió sus funciones.
os miembros del Concejo Deliberante de Santa Rosa definieron ayer avanzar con el juicio político contra el jefe comunal, Marcelo Otazo y su viceintendente, Juan José Encinas. Al frente del Municipio quedó el justicialista Pedro Maidana, titular del cuerpo deliberativo, quien juró anoche.
En la sesión se alcanzaron los dos tercios necesarios para poner la lupa sobre algunos desmanejos sucedidos en la gestión comunal. De seis concejales, cinco votaron a favor del enjuiciamiento. El único que rechazó la moción fue el hermano del acusado.
"Era obvio que votaría de esa forma por el vínculo familiar que lo une", remarcó el edil, Eduardo López a EL LIBERTADOR no bien finalizó la sesión.
El Concejal (ex Grupo Iberá) aclaró que dentro de este proceso también ingresó Encinas, quien pese a que presentó su dimisión en carácter indeclinable, el Deliberante no se la aceptó para asegurar que el ex Intendente dé explicaciones sobre lo que consideran, un manejo turbio de las arcas comunales. "Además está incurriendo en otra falta -Encinas- ya que al no aceptársele la renuncia debiera presentarse todos los días a trabajar, pero desde aquel momento no trabaja más", advirtió López.
De esta manera, quien pasó a ocupar el Ejecutivo municipal desde ayer fue Pedro Maidana, referente peronista de la localidad, que estará a cargo mientras dure el proceso de juicio político.
De acuerdo al aporte de Eduardo López, los motivos que provocaron la suspensión de Otazo tuvieron que ver con las arcas municipales. "Algunos de los justificativos está en un faltante cercano a los 3 millones de pesos. También hay cheques diferidos y muchas facturas que están vencidas", ejemplificó el edil.
En cuanto a la posibilidad de que el ahora ex Jefe comunal judicialice el escenario, López aseveró que están confiados en que la Justicia no intercederá. "Se trata de un proceso institucional contemplado en nuestra Carga Magna, que además tiene como etapa final la consulta popular, así que estamos tranquilos de que así continuará", expresó.
Es oportuno señalar que ayer arrancó el juicio político tras el dictamen de la comisión; habrá 15 días para notificar a Otazo y Encinas. Ellos tendrán otros 15 días para sus descargos, y el Concejo contará con diez días más para analizarlos.
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