El viernes el Ejecutivo provincial oficializó el incremento de tres de los cuatros ítems que conforman la Asignación familiar en el sueldo de los empleados públicos. La cifra a cobrar Por Hijo y Por Familia numerosa subió de $45 a $135; y Por Hijo discapacitado pasó de $250 a $500. El concepto Por esposa no aumentó, y seguirán cobrando $32 por ese ítem. El Gobierno invertirá unos $5 millones extras por mes, y $60 millones más al año, para sostener esta nueva inversión en los salarios de los estatales.
“Destacamos el anuncio. Es importante el avance, para las Asignaciones que estaban congeladas hace más de cinco años. Pero el Gobierno podría haber hecho un esfuerzo mayor e igualar los montos que paga el Gobierno nacional ($220 Por Hijo, y $880 por Hijo Discapacitado”, expresó Cristaldo.
Si bien no desdeña el incremento, tampoco se conforma del todo. “Vamos a seguir pidiendo por más mejora salarial, no sólo por la equiparación de las Asignaciones familiares. Sino por las otras desigualdades salariales como el Mínimo Vital y Móvil, el aumento de los básicos, el 82% para los jubilados entre otras cosas”, comentó Cristaldo a este diario.
Van por los $220 por cada hijo
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también destacó la mejora de las Asignaciones -que en algunos ítems llegó hasta el 300% de aumento- pero resaltó que estos valores siguen estando por debajo de la línea nacional.
“Rescatamos lo positivo de la decisión del Gobernador, pero seguiremos reclamando una paridad con los montos nacionales”, dijo a época el titular de ATE, Walter Zamudio.
El sindicalista aseguró que su gremio seguirá reclamando al Ejecutivo que “haga un esfuerzo más para alcanzar los $220 que paga Nación. La Provincia tiene recursos suficientes, con los ingresos récord por Coparticipación federal”.
Zamudio resaltó además que el Ejecutivo tomó la decisión del incremento en las Asignaciones familiares “sin consultas ni negociaciones previas. Los gremios queremos debatir y negociar, como ocurre en cualquier Estado que respeta las leyes laborales y los espacios institucionales de negociación”, dijo.
Fue crítico al señalar que la actualización “no es equitativa”. Según Zamudio, “solamente alcanza a los trabajadores de planta permanente y contratados”. Y quedarían afuera del beneficio “los demás precarizados laborales como los becarios, factureros (monotributistas), los que trabajan Ad Honorem. Tampoco a la mayoría de los jubilados”, aseguró.
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