El interventor del Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO), Gustavo Maidana, dijo ayer que no se construían viviendas en la Capital porque "no hay terrenos económicos". Este argumento fue rechazado por los voceros gremiales de la institución, que cuestionaron la "improvisación" en materia de política habitacional.

El déficit habitacional en la capital correntina se vio reflejado luego de la toma de los terrenos ubicados entre los barrios Pirayuí y 17 de Agosto por parte de familias numerosas que viven en condiciones de hacinamiento.

El interventor estimó que la demanda real de viviendas en toda la provincia ronda las 13 mil y en Capital el conflicto se acrecentó porque "no hay terrenos económicos" acordes a la construcción de viviendas sociales.

En un primer momento se habló de una demanda de cerca de 40 mil viviendas, pero Maidana explicó que esa cifra no es "real" ya que dentro de ella hay inscripciones que datan de la década del 70. "Hay gente que ya falleció y continúan inscriptos", dijo el interventor.

"Estamos ejecutando 65 viviendas para los vecinos de Costanera Sur en predios del barrio Patono e Independencia", prosiguió el interventor. Además aclaró que hasta que no reciban fondos del Gobierno nacional "no podemos trabajar en la construcción de viviendas", finalizó.

HABLAR

POR HABLAR

El delegado gremial de ATE en el INVICO, Juan Arnedo, consultado por EL LIBERTADOR salió al cruce de las expresiones de Maidana señalando que "dice esas cosas por decir algo". Agregó que "en realidad, los institutos de vivienda deben tomar previsiones constituyendo un banco de tierras, organizándose con los municipios de cada ciudad y con las áreas de Catastro respectivas".

Apuntó que, en general, "siempre se manejaron con las propias empresas constructoras que se encargaban de la consecución de terrenos". Acotó que otro recurso con que cuentan "son las leyes de expropiación. Lo que pasa es que se manejan con mucha improvisación".

"La verdad es que el encarecimiento de las viviendas no viene por el lado de los terrenos, sino por el reconocimiento que se hace a las empresas por la redeterminación de precios", explicó Arnedo. Y puso un ejemplo: "En la última oportunidad las empresas recibieron 3.000 pesos más por cada vivienda construida, pasando de un valor total de 30 mil a 76.000 pesos cada una".

Así, mediante este mecanismo de redeterminación de precios "el año pasado se pagaron 60 millones de pesos más a las constructoras; eso es plata dulce que no fue utilizada para construcción de nuevas viviendas", denunció el gremialista.

Demanda real

Respecto de la demanda real de sólo 13 mil viviendas (y no 40 mil, como habían denunciado los trabajadores), Juan Arnedo dijo que eso "habría que analizarlo. Nosotros hemos consultado los padrones de inscriptos, y no daban esa cifra".

"Pero de todas maneras -agregó- aunque sea 13 mil, ¿cómo cubrirán esa demanda? Es evidente que todos los años se inscriben miles de solicitantes. Por ejemplo, en Bella Vista se construirán 50 viviendas, pero ya se han inscripto cerca de 3.000 personas".

Agregó que "ellos de todas maneras llaman a inscripción, aunque luego no construyan, porque eso genera expectativa favorable en este tiempo electoral".

Rechazó asimismo el argumento de Maidana en cuanto a que no existirían "trabajadores precarizados", sino prestadores de servicios contratados para trabajos eventuales. "Eso es mentira -replicó Arnedo-, muchos de esos prestadores trabajan hace más de veinte años realizando trabajos permanentes. En realidad, son como trabajadores de planta permanente, sólo que 'disfrazados' de prestadores de servicios".