Argüello dialogó durante la mañana de ayer con Radio Noticias. Reflexionó sobre la necesidad de generar una legislación con la que puedan regirse para mayor claridad y más allá de la actitud conciliadora del asesor del Ejecutivo.

"Ya hemos estado aquí otras veces", explicó el dirigente.

El día después del encuentro que se produjo en la Legislatura, Argüello indicó que "salimos conformes, habitualmente en las reuniones percibimos gran receptividad, pero más allá de eso, es importante que uno sienta que el tema es entendido. Fue enriquecedor y es una problemática que es visualizada por el Poder Legislativo".

Argumentó que se pudo debatir y marcar diferencias y similitudes con el asesor Marcos Paz. Aseguró mostrarse sorprendido por la ausencia del ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Varela.

"Teníamos entendido que iba a asistir, pero fue válida la presencia de Paz; lo importante fue lo debatido y conversado", puntualizó Argüello.

Con respecto a la claridad de lo estipulado por el asesor, el presidente de la Fepamco manifestó que "lo que no es novedoso es que se viene reiterando hace tiempo que se intenta llegar a una normativa consensuada, donde se deje de lado el tema de la propiedad y se reglamente respetando los derechos de las cooperativas y respetando por otro el poder de policía que tiene el Estado para regular el servicio público con sus limitaciones, que tienen tanto los derechos de las cooperativas como ese poder de policía ejercido por el Estado, que tampoco es irrestricto. Esto se viene diciendo, pero cuando llegamos a la práctica y nos sentamos a la mesa a consensuar, se complica", argumentó.

De esta forma, auguró que esperan que la situación cambie "a partir de esa declaración pública y de la intervención que pedimos a los diputados para que este tema se discuta en la misma comisión".

Legislación.

Argüello destacó que "lo que sí le planteamos a Paz es por qué el Ejecutivo creía que una ley no era conveniente o necesaria. Nosotros explicamos que sí, porque después de nueve años en los que hubo cumplimiento de las resoluciones dictadas en el año 1999, empezaron a haber cambios en la Administración Provincial de la Energía y motivó recursos administrativos, audiencias, planteos y muchos cambios de las reglas de juego".

A su criterio, informó que el movimiento cooperativo entiende que una ley daría mayor estabilidad y seguridad jurídica, "porque cada vez que se cambian las reglas de juego se afectan muchos actores; las cooperativas, los asociados, los terceros cableros que utilizan la apostación, creemos que es más conveniente para todos una ley y así lo manifestamos a los legisladores".

De esta forma, manifestó que están dispuestos a sentarse con el PEP a discutir términos y a consensuar todo lo posible; "incluso a no mencionar la propiedad, pero visto el poco éxito conseguido hasta ahora, pedimos que se realice en el marco de la Comisión de Asuntos Agrarios y entendemos que los diputados se reunirán y van a definir y proponer una metodología de trabajo para avanzar en el marco de una ley".

También destacó que no le convencieron los argumentos empleados contra la creación de la mencionada legislación, "pero esta carencia quizás de marco normativo nos ha llevado a este conflicto. Entendemos que todo está relacionado con todo, más allá de que los momentos políticos influyen en las posiciones de cada funcionario; a nosotros como cooperativistas nos gustaría que si sale una ley sea producto del convencimiento, de la razón y de lo certero de las posiciones y no por la coyuntura política".

Para afianzar esta declaración, finalizó aseverando que poseen argumentos legales, jurídicos y convenios en concesión que avalan su posición. "La propuesta no es nueva, ahora lo superador sería que lleguemos a un acuerdo o a una norma consensuada. De aquí en más, resta la reunión de la Cámara y prometimos entregarles a los legisladores un comparativo entre lo que las cooperativas propusimos al Ejecutivo en noviembre y lo que el PEP nos propuso hace un mes, ese borrador que no se llegó a tratar, por las declaraciones del gobernador", finalizó el cooperativista.

Resolución ilegal

"La resolución 32/13 es ilegal". Tal afirmación la hizo un asesor del bloque de diputados provinciales del PJ, para quien la polémica decisión adoptada por el Ejecutivo con respecto a las columnas del tendido eléctrico no tiene sustento legal al no figurar en la Ley Impositiva y la fijación de cualquier tipo de impuesto, tasa o canon, es una potestad legislativa no delegada al Ejecutivo.

Historiando el origen del conflicto, el profesional recordó que se desató durante la gestión municipal santarroseña de Oscar Mario Jorge, donde se llegó a un entendimiento entre la CPE y las prestatarias de televisión por cable, y luego intervino la APE fijando un canon por el uso de las columnas, pero la propiedad de las mismas quedó "subyacente".