El juez de Faltas municipal de San Luis, Alejandro Ferrari, ya puede salir a la superficie y respirar tranquilo. Ayer el Concejo Deliberante determinó que la ordenanza, que le confiere independencia económica y jerárquica, quedó firme a pesar del decreto del intendente Enrique Ponce que planteó “observar” la norma, una figura jurídica que no está contemplada en la Carta Orgánica y que cosechó una andanada de críticas de los ediles justicialistas, radicales e incluso kirchneristas durante la sesión.

La urgencia con la que el titular del Poder Judicial de la Comuna planteó su reclamo aceleró los plazos del Legislativo. En el orden del día (listado de temas que se tratan en sesión), la respuesta del Ejecutivo a la normativa sancionada a mitad del mes pasado iba camino a la Comisión de Legislación e Interpretación para su análisis. Sin embargo, se pidió el tratamiento sobre tablas para terminar con la situación de “ahogo financiero” que el juez comenzó a denunciar hace un mes.

La primera votación generó que el cuerpo se quedara con un integrante menos. La poncista Jacinta Lucero de Bressano no soportó que quien ofició de presidente, Jorge Pereira, no le cediera nuevamente la palabra y abandonó el recinto. La dirigente de Kolina pretendía que el tema pasara a una “comisión ampliada”, a la que pudieran asistir todos los concejales. Pero la voluntad del resto fue más: el resultado terminó 10 a 1. El otro poncista, Néstor Menéndez, impidió que la decisión fuera unánime.

El debate nació porque el Municipio decretó “observar la ordenanza Nº 3316”, que dispuso derogar la dependencia económica y jerárquica del Juzgado de Faltas a la Secretaría de Gobierno, que existía desde 1983. Además consideró “inapropiado” arrogarle a ese organismo la expresión “Poder Judicial Municipal” porque negó que tenga “facultades judiciales”.

“Lo que hizo el Ejecutivo no tiene una significancia jurídica. O se veta o se promulga la ordenanza”, disparó Daniel González Espíndola, del bloque Frente para la Victoria, quien dijo que no es la primera vez que la actual gestión municipal comete desprolijidades en las respuestas a normas sancionadas por el cuerpo, como un veto que ordenó a través de una simple nota. “La observación en sí mismo no existe y no puede impedir los efectos de una ordenanza. Por eso se puede deducir que la ordenanza fue tácitamente promulgada”, agregó el radical Francisco Guiñazú.

Los cuestionamientos al decreto que firmó Ponce junto a los secretarios de Gobierno, Julio Fagés, y de Legal y Técnica, Carlos Vilche, no cesaron. “Esto es un engendro jurídico, causa escozor leer lo que mandó la Comuna, que citan fallos anteriores a la reforma de la Constitución Nacional para adecuarlo a sus intereses”, dijo Carlos Rosso, presidente del bloque Compromiso Federal. “De ninguna manera es una pieza jurídica, sólo basta mencionar el artículo 2 que después de un punto dice: ‘Por las razones expuestas en los considerandos’ y uno se queda esperando la explicación”, ironizó su compañero de bancada, Fernando Salino.

Para Guiñazú la existencia del juez de Faltas le da a los vecinos la instancia de apelar sus fallos ante el Superior Tribunal de Justicia porque de lo contrario, el demandante debería iniciar un juicio ante cada resolución emitida por la oficina ubicada en 25 de Mayo y Chacabuco. Por eso, desechó la posición de Menéndez que sostenía que al organismo le falta una cámara de apelaciones para ser considerado el Poder Judicial Municipal.

El radical propuso aprobar un proyecto de comunicación dirigido a la Intendencia y al Juzgado para informarles que la ordenanza fue tácitamente promulgada y pedirles que la publiquen en el Boletín Oficial y comiencen a cumplir con la independencia en el manejo de las partidas presupuestarias. “Darle esa facultad al juez es sentido común, que hace a la autonomía municipal”, sostuvo Raúl Laborda, del bloque Frente para la Victoria. La votación no arrojó sorpresas y también terminó 10 a 1.