A partir de la renuncia de Osvaldo Giapor como encargado del seguimiento de la Tasa Complementaria de Seguridad, ya no hay quien fiscalice por fuera del Ejecutivo los movimientos económicos surgidos de este canon.

Si bien no es obligación que cada uno de los tributos comunales tenga a alguien designado para su contralor, lo cierto es que desde la sanción de la ordenanza se estipuló que esta tasa debía ser examinada por una comisión.

Con todo, más allá de algunas cuestiones legales que serán analizadas, la dimisión de Giapor dejó un espacio vacío que genera muchas dudas respecto del manejo de esos fondos. Sobre todo cuando él mismo señaló que hubo al menos un millón de pesos del ejercicio 2013 (un 25% del total) que no fueron rendidos. “La recaudación el año pasado fue mayor a los 4 millones de pesos; yo pude controlar 3 millones. El resto seguramente está justificado, pero yo no lo pude verificar”, afirmó a este diario.

Historia de la tasa

La Tasa Complementaria de Seguridad acaba de cumplir 20 años.

Ya a principio de los ’90, la provincia había empezado a resignar sus obligaciones con los municipios y éstos comenzaban a ver cada vez más debilitadas las partidas recibidas por parte de la Gobernación.

En ese marco, y a raíz de la falta de fondos para solventar los gastos en seguridad –principalmente el pago del combustible para los patrulleros– se realizó en Junín una suerte de asamblea de la que participaron representantes de los organismos públicos, entidades intermedias y la población en general, en donde, después de un debate y votación, se decidió crear una tasa para complementar esos gastos.

De esta manera, la Ordenanza Nº 3237, del 12 de enero de 1994, creó “una Tasa Complementaria de Seguridad destinada a solventar los gastos derivados de la implementación del Convenio de Cooperación Institucional a suscribirse entre la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Junín”.

Dentro de sus considerandos, la normativa planteaba dos cuestiones: En primer lugar, que lo recaudado por dicho tributo fuera a una “cuenta especial”, por tratarse de “recursos afectados”, es decir, que solamente se pueden utilizar para el fin con que fue creado el canon. Por esta misma razón, los concejales de entonces creyeron conveniente crear una comisión “ad hoc”, conformada por representantes de diferentes instituciones, para el seguimiento y control de ese dinero.

Si bien la fiscalización del manejo de los fondos provenientes de las tasas les corresponde a los concejales y, en una segunda instancia, el Tribunal de Cuentas de la Provincia, en este caso se decidió reforzar ese control con la creación de la comisión.

Dicha ordenanza fue modificada por la Nº 4293 del 22 de abril de 2002, luego por la Nº 4328 del 15 de julio del mismo año, y finalmente por la Nº 4614 del 4 de mayo de 2004. Estas ordenanzas fueron modificando únicamente la conformación de la comisión “ad hoc”, respecto de la original.

Una vez puesta en marcha, la comisión realizó el trabajo de control hasta que en 2010, se disolvió.

En el medio, hubo una decisión del Tribunal de Cuentas de la provincia que dictaminó que esa comisión era irregular, dado que la ordenanza Nº 4293 señala que debe ser un “órgano de consulta vinculante para la adquisición de bienes u otras erogaciones que se realicen cuando el monto de las mismas sea superior a la suma que se determine en el propio reglamento interno”. El organismo provincial consideró que la comisión no puede tener facultades “vinculantes”, sino que solamente puede auditar lo que decide el Ejecutivo.

En ese marco, ya sin comisión, los ediles se reunieron en el Salón Azul del Concejo Deliberante y firmaron un acta (suscripta por representante de todos los bloques) en la que se nombró a Osvaldo Giapor como “veedor” de la Tasa complementaria de Seguridad.

Esto fue así hasta principios de año, cuando el dirigente presentó su renuncia. “Me cansé de muchas cosas”, admitió a Democracia.

Rendiciones

Giapor contó que presentó la renuncia ante el concejo Deliberante y el Foro Municipal de Seguridad, pero no recibió “ninguna comunicación aceptando o rechazando” su dimisión. Y agregó: “Pero mi palabra es lo que vale”.

Según dijo, durante su gestión “iba todos los días a los Talleres” y aseveró que tiene los comprobantes de cada una de las compras y operaciones que se hicieron allí, ya que se encargó de hacer todo con duplicado. “Está todo certificado”, sentenció.

Asimismo, reconoció que no pudo auditar todo el movimiento del año, y ése fue uno de los motivos que lo impulsó a renunciar.

“En 2013 se recaudaron más de cuatro millones de pesos, yo controlé tres millones”, aseveró Giapor, para luego puntualizar: “Hubo un gasto que hizo el secretario de Seguridad, Víctor Knappe, que yo no pude controlar. Tampoco tenía por qué hacerlo. Yo le pregunté si me lo podía mostrar y me contestó ‘después vemos, no creo que sea necesario’. Yo no puedo trabajar de esa forma y por eso me voy”.

No obstante, el ex veedor remarcó que no sospecha por el manejo de los fondos: “No echo culpas a nadie ni digo que falte dinero”.

Giapor afirmó que también se comunicó con el director General de Auditoría del Municipio, Vicente Griselli, para conocer los detalles de los gastos. El funcionario –siempre de acuerdo al relato de Giapor– quedó en responder su solicitud, algo que no ocurrió.

Con todo, Giapor no supo qué pasó con ese dinero, aunque insistió en no querer sospechar de los funcionarios: “Yo no acuso, ni siquiera pienso que alguien haya robado plata de la Tasa Complementaria”, subrayó.

Sin embargo, el hecho lo impulsó a dar un paso al costado.

Un nuevo proyecto

Mientras tanto, la Comisión de Seguimiento de la Tasa complementaria sigue sin formarse.

El concejal del PRO, Pablo Petrecca, señaló que dado este panorama, su bloque presentó un pedido al Ejecutivo “en el que se solicita el detalle de lo gastado en 2013”, que todavía no tuvo respuesta.

Asimismo, agregó que también ingresó al cuerpo deliberativo un proyecto de ordenanza para regularizar la comisión de seguimiento, que está siendo tratado por los ediles y que, según sus palabras, “tiene muchas chances de ser aprobado, tal vez con algunas modificaciones”.

El edil macrista destacó que se trata de un tema “sensible”, y como se trata de “una tasa con afectación específica, cuya recaudación va destinada a la seguridad”, considera “adecuado que esa comisión se mantenga”.

Petrecca advirtió que “si bien el control le corresponde a los concejales y al Tribunal de Cuentas, otro control no está de más”, y remató: “Se manejan números importantes, hay mucha plata en el medio, hablamos de 4,5 millones de pesos en 2013, y nos parece muy acertado que haya un control, sobre todo que sea inmediato, porque cada vez que nosotros pedimos un informe, un expediente o una documentación, el ejecutivo se toma demasiado tiempo para responder, si es que contesta, entonces esta comisión permite un seguimiento más cercano. Nadie dice que haya irregularidades, pero todos somos mejores si hay un control efectivo”.