La tensa relación que el Gobierno y la oposición mantienen en el Congreso podría trasladarse a la asamblea legislativa que la presidenta Cristina Kirchner deberá enfrentar dentro de una semana para dejar inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso.

La tradicional ceremonia se anticipa como una de las más tensas desde el retorno de la democracia, después de un verano en el que el Gobierno mantuvo cerrado el Poder Legislativo, rompiendo con la tradición de las administraciones kirchneristas que prorrogaron las sesiones ordinarias durante diciembre y habilitaron el período extraordinario en febrero.

Como si esto fuera poco, Cristina Kirchner enfrentará al Congreso después de la crisis que suscitó el decreto de necesidad y urgencia 2010/09, por el cual la jefa del Estado pretendió pagar deuda pública con reservas del Banco Central (BCRA) y cuyo cumplimiento se encuentra congelado por una orden judicial.

El DNU fue emitido el 14 de diciembre, apenas cuatro días después de que venciera la breve prórroga de las sesiones ordinarias -concluyen el 30 de noviembre- que había otorgado la Presidenta. Esto fue tomado por la oposición como una maniobra del Poder Ejecutivo para impedirle discutir la polémica medida en el recinto.

La disputa con la oposición por el Fondo del Bicentenario trajo aparejada una crisis en el interior del Gobierno luego de que el entonces presidente del BCRA Martín Redrado se negara a cumplir la orden del Poder Ejecutivo al aducir que necesitaba una ley del Congreso.

La puja derivó en otro DNU que intentó remover a Redrado del cargo. La medida también fue detenida por la Justicia, razón por la cual la Presidenta debió ceder y pedir consejo a una comisión especial legislativa contemplada en la carta orgánica de la entidad, paso que había intentado saltearse con el decreto.

Por último, la asamblea legislativa del próximo lunes podría sumar un nuevo ingrediente polémico si es que el kirchnerismo decide dejar sin quórum la sesión preparatoria del Senado prevista para pasado mañana.

Un escenario de estas características dejaría al Congreso en un virtual estado de paralización, ya que una de sus cámaras no podría funcionar por no contar con autoridades ni con sus comisiones de trabajo integradas, tal como lo establece el reglamento.