El ministro Daniel Arroyo confirmó que el gobierno analiza implementar un sistema de ingreso universal a la salida de la pandemia, tal como hizo España a raíz de un proyecto de Podemos.

 

"Es tiempo de construir nuevos paradigmas y nuevas políticas sociales como lo ha planteado España. En ese esquema hay un sistema de ingreso base universal que se puede hacer", destacó en diálogo con LPO.

 

El caso español contempla un pago mensual de entre 461 y 1.015 euros -de acuerdo al tamaño de la familia- que se mantendrá más allá del período de recesión y se espera que alcance a unas dos millones de personas que se encuentran por debajo del umbral de renta garantizada.

Por la cuarentena, en abril se cuadruplicó el déficit fiscal y llegó a los $266.000 millones

 

Lo curioso es que se trata de un histórico proyecto de la formación de izquierda liderada por Pablo Iglesias que hasta hace pocos meses era rechazada por la amplia mayoría del arco político y ahora fue aprobado hasta con los votos del Partido Popular y la abstención del ultra derechista Vox.

 

En rigor, la idea es objeto de debate en toda Europa desde antes de la crisis del coronavirus por la desaparición de empleos ante el avance de la revolución digital. En 2017, Suiza convocó a un referéndum para discutir esta temática y el 78% rechazó la propuesta que preveía una renta de 2.500 francos (2.250 euros) para todo residente del país.

 Según la Cepal, el gasto adicional por parte de los gobiernos sería del 2,1% del PIB con un objetivo estratégico a largo plazo de implementar un ingreso básico universal de forma permanente cuyo financiamiento demandaría un gasto equivalente al 10% del PBI. 

 

A los pocos meses, Finlandia realizó un experimento entre dos mil personas desempleadas a las que se les pagó el equivalente a 600 dólares por mes durante dos años incluso si lograban conseguir un trabajo.

 

Nuevamente, el descontento social provocó la discontinuidad de esta política, que de todos modos, no modificó el incentivo a la búsqueda de empleo, pero sí incrementó la "felicidad" y el "bienestar mental", según los investigadores.

 

El programa fue implementado por diversas alcaldías y provincias gobernadas por fuerzas de izquierda alrededor del viejo continente, pero nunca por el gobierno nacional de un país. Ya con la propagación del coronavirus, los debates se aceleraron y la Cepal recomendó que América Latina debería considerar su ejecución por el brutal aumento de la pobreza.

 

"Le hemos llamado Ingreso Básico de Emergencia equivalente a una línea de pobreza. Una línea de pobreza que equivale aproximadamente a 143 dólares del 2010. Y que esto se ponga en marcha durante seis meses para satisfacer las necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares que es donde va a estar el gran impacto de la pandemia", señaló el organismo.

 

Según sus cálculos, el gasto adicional por parte de los gobiernos sería del 2,1% del PIB con un objetivo estratégico a largo plazo de implementar un ingreso básico universal de forma permanente cuyo financiamiento demandaría un gasto equivalente al 10% del PBI.

Máximo y Grabois impulsan un plan para urbanizar todas las villas de la Ciudad y el Conurbano

 

El plan de Arroyo

 

El ministro de Desarrollo Social argentino prevé un escenario pospandemia muy complicado. Ya en estos momentos sostiene que la cantidad de personas con asistencia alimentaria pasó de 8 a 11 millones y que el IFE está cubriendo al 53% de las familias del país.

 

En ese marco es que trabaja en un plan con tres pilares fundamentales donde además del ingreso universal, se sumaría un programa de inserción laboral y la urbanización de villas como propusieron Grabois y Máximo Kirchner

 

"Tenemos cuatro mil asentamientos y en la pandemia quedó demostrado la gravedad del hacinamiento y la falta de infraestructura básica", indica Arroyo a LPO.

 

En cuanto al "Programa Potenciar Trabajo", el ministro explicó que la idea es que las 570 mil personas que cobran un plan por la mitad del salario mínimo vean completado su ingreso a raíz de empleos tanto público como privados en cinco sectores estratégicos: construcción, producción de alimentos, textiles, economía del cuidado y recolección y reciclado de residuos urbanos. 

Al mismo tiempo, establece una línea de crédito no bancario de 20.000 millones de pesos a tasas del 3% anual para la compra de máquinas y herramientas en estos rubros productivos.