Desde hoy y hasta el próximo lunes, productores agropecuarios llevan adelante un cese de comercialización de granos y oleaginosas en rechazo a la política oficial triguera. Pero, a diferencia de ocasiones anteriores, la Mesa de Enlace agropecuaria remarcó que el paro de una semana no afectará la provisión de alimentos, ni habrá piquetes en las rutas.

Los ruralistas reclaman que el Gobierno libere de forma efectiva la exportación de trigo –disconformes con la liberalización del saldo exportable dispuesta la semana pasada– y rechazan la cartelización de los exportadores y molineros, que, afirman, les cuesta a los productores cerca de $ 250 por cada tonelada del cereal.

La medida implica el cese de comercialización de trigo, soja, girasol y otros granos. Pero no afectará a los productos perecederos ni a la hacienda en pie, afirmaron los dirigentes agropecuarios. “Hay que tranquilizar a la gente, no hay ningún riesgo de abastecimiento ni de movimiento de precios por este paro. No va a afectar en absoluto al público”, dijo ayer el presidente de la Sociedad Rural (SRA), Hugo Biolcati.

Los ruralistas hicieron hincapié en la contención de las bases para no provocar conflictos en las rutas. “Creemos que no van a ser necesarios (los controles de carga)”, dijo a El Cronista el secretario gremial de Federación Agraria (FAA), Omar Príncipe. “Hay una gran decisión de los productores y las Bolsas de acompañar. Puede surgir espontáneamente en algún lugar (el control de cargas), en alguno de los piquetes que hubo (en conflictos anteriores), pero las entidades han manifestado que participen en la movilización a Bahía Blanca”, remarcó.

Las cuatro entidades que componen la Mesa de Enlace (SRA, FAA, Confederaciones Rurales –CRA– y Coninagro) convocaron a una movilización a esa ciudad portuaria para el miércoles. Príncipe adelantó que podría haber otra manifestación en zonas aledañas al puerto de Rosario, el viernes. Esta medida tendría una carga simbólica especial, ya que allí se encuentran las principales exportadoras del país, a las que los ruralistas acusan de cartelizarse para impedir que los productores puedan vender el trigo a mejor precio. Según afirman, los productores trigueros reciben unos 250 pesos menos por tonelada que lo estipulado en el FAS teórico, el precio de referencia fijado por el Ministerio de Agricultura.

El presidente de CRA, Mario Llambías, también cargó contra los molinos. “Como la exportación no compra permanentemente, sino de acuerdo a los cupos que abre el Gobierno, la molinería puede ofrecer precios más bajos (u$s 62 menos), sin competidores en el mercado y también fijar los plazos de pago”, afirmó. Recordó que los molinos “cobran un subsidio” gubernamental.

La cosecha de trigo superará los 14 millones de toneladas, casi el doble que en las últimas dos campañas, afirmó Llambías, y recordó que la demanda interna representa la mitad.

Lamento oficial

En tanto, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez recorrió zonas trigueras y lamentó la medida de protesta del sector, anunciada el miércoles pasado, poco después de que el funcionario recibiera a la Mesa de Enlace y anunciara que se liberaría el cupo exportable del cereal. “Abrimos la totalidad del saldo exportable, como nos habíamos comprometido con las cinco provincias trigueras, las Bolsas de Cereales –que son nacionales y representan los intereses de productores–, acopiadores, de cooperativas. Por eso no entiendo la medida de fuerza”, señaló en declaraciones a la prensa.

“Los anuncios de exportación de trigos ya fueron dados a conocer dos veces anteriormente, por lo que lo único que se está haciendo es ejecutar lo atrasado”, replicaron productores autoconvocados del norte de Santa Fe.