"Lo siento: no voy a suspenderla", dijo la gobernadora Jan Brewer, que ayer logró que el presidente Obama la recibiera a puerta cerrada en la Casa Blanca. El automóvil en que llegó la líder republicana debió atravesar una manifestación de un centenar de personas que portaban decenas de carteles que tildaban de racista a la funcionaria. La protesta se realizó frente a la sede gubernamental, para reclamar que la legislación quedara sin efecto.

Pero la norma en cuestión cuenta con el apoyo del 70 por ciento de los votantes del estado sureño, que es una de las puertas de entrada para la inmigración irregular que llega desde México. La norma fue aprobada por el Congreso estatal y promulgada el 23 de abril último. Y, según ratificó ayer Brewer, entrará en vigor el 29 de julio porque "es necesaria" para hacer frente a los problemas de "violencia y seguridad" fronteriza que padece su estado.

De acuerdo con lo que informó la Casa Blanca, el presidente reiteró ayer su "preocupación" por la norma, no sólo porque la considera "un abordaje equivocado" del tema, sino porque teme que "otros estados" se sientan tentados de introducir sus propias medidas. De hecho, hay sondeos que afirman que más de una decena de los cincuenta estados del país evalúan la posibilidad de avanzar por sí mismos en la materia e incorporar legislaciones similares a las de Arizona.

"Fue un encuentro muy cordial", dijo, con todo, la gobernadora. La Casa Blanca insistió en que hubo acuerdo en la necesidad de "hacer algo" respecto de la inmigración irregular. Pero ambos enfoques -el del presidente Obama y el de la gobernadora Brewer- son distintos.

Sin embargo, desde que Arizona avanzó en su controvertida norma, Obama pareció concederle algo de razón, tras decidir, pocos días después, el envío de 1200 efectivos a controlar la frontera, así como un aporte adicional de 500 millones de dólares para el esfuerzo.

"La gobernadora quiso saber cuánto de ese esfuerzo iría para Arizona", dijeron ayer a LA NACION fuentes allegadas al encuentro. Pero el punto no quedó del todo claro.

Obama reiteró que una comisión de juristas evaluará si la legislación de la jefa republicana se contrapone a la Constitución federal, algo que aún no quedó determinado.

Arizona, en tanto, vive en estado de efervescencia social, sobre todo, con la presión de grupos de universitarios -descendientes de inmigrantes irregulares- que rechazan la norma por "racista". En la comunidad hispana se detectan síntomas de desencanto ante la incapacidad demostrada hasta ahora por el presidente para impulsar una reforma integral durante el primer año de su mandato, tal como aseguró en su campaña electoral.

Ayer, la republicana Brewer parecía dispuesta a capitalizar su encuentro con el presidente, al ratificar su discutida política hasta asegurarse de que la Casa Blanca pueda, "por fin, hacer algo" con la política migratoria integral.

"El presidente y la gobernadora coincidieron en que la falta de acción para reparar el sistema a nivel federal es inaceptable", señaló el comunicado difundido por la Casa Blanca. De acuerdo con el mismo informe, el mandatario demócrata instó a la gobernadora a apoyarlo para lograr respaldo bipartidista a la demorada reforma integral y "poner en marcha las soluciones inteligentes, sensatas y efectivas" que requiere la atención del problema.

Se estima que en Estados Unidos viven cerca de 11 millones de inmigrantes ilegales. De ese total, las dos terceras partes vienen de países de América latina; la mayoría de ellos, de México.