“Vengo a brindarles una conferencia corta y elocuente, los hechos sucedidos son concretos”, afirmó el intendente al comenzar la conferencia. A la misma, acudió junto al secretario de Desarrollo Territorial, Carlos Ramil; la subsecretaria de Gobierno, Laura Guazzaroni; y el abogado patrocinante del intendente, Nicolás Serruya.

Sobre la amenaza recibida, contó que: “A través de una cuenta anónima (alias Fierita), en Facebook, me amenazaron de muerte a mí, a mi mujer y a mis hijos, y siendo el intendente del municipio, es doblemente grave”.

Después de lo que fue una exhaustiva investigación y localización de IP, lograron dar con el presunto amenazante, llamado Lautaro Agustín Urrutia. “No fue el único culpable, ya que su principal cómplice fue su madre”. Además apuntó contra la oposición: “No quiero decir que Leandro ni Roberto Costa mandaron a este muchacho, pero algo extraño hay”.

Según Sujarchuk, María Luján Jaime, quien es madre de Urrutia, dedicó una publicación en su cuenta de Facebook –en momentos posteriores al allanamiento – agradeciéndole al senador provincial Roberto Costa por brindarle su apoyo de la mano del abogado Carlos Paniagua, mostrando así su relación política.

Por otra parte, Sujarchuk contó como fue la denuncia que recibió por parte de Roberto Costa el año pasado: “Fue la primera vez en mi vida que me denunciaron, en este caso por malversación de fondos del programa Argentina Trabaja, lo cual se investigó y me alejó de cualquier sospecha; solo buscan reabrir causas pasadas que ya fueron desestimadas por la justicia para embarrar nuestra imagen positiva”.

Sobre esa denuncia agregó: “El senador Costa no fue tenido en cuenta como querellante, por lo que perdía acción. La querellante asignada fue María Belén Moretti, quien casualmente fue contratada por Costa como asesora en el Senado de la provincia de Buenos Aires”.

Moretti, a su vez, denunció al municipio por no haber cobrado cheques que habría cobrado 1 año antes de la denuncia, según afirmó Nicolás Serruya, abogado del intendente.

Después, se refirió a otro ataque opositor que, en este caso, recibió por parte de Fernando Humberto Iglesias. La denuncia se emite acusando al intendente de “una falsificación de instrumentos públicos para la regularización dominial de bienes inmuebles del barrio AMAD, en Garín”.

Iglesias, socio de la concejal Mabel Ponce aseguró que “más allá de no haber pruebas sobre lo mismo, se efectuó la denuncia para prevenir una posible futura falsificación”.

Además, Miguel Belaustegui, quien es asesor del Concejo Deliberante, también denunció el convenio firmado entre el municipio y la empresa Consultatio por una cesión de tierras. “Otra denuncia más; ignorada por inverosimil y falaz”, concluyó el intendente.

“Es la primera vez que recibo alguna denuncia en 15 años de carrera como funcionario público ya sea en el ámbito académico o en la gestión política. Las tres causas se iniciaron a partir de denuncias sin fundamento impulsadas por dirigentes de la oposición local contra mi persona y contra distintos funcionarios municipales de probada honestidad y vocación de trabajo.

Por último, presentó documentación judicial donde se rechazan las tres denuncias impulsadas por dirigentes opositores. La Justicia determinó que todas carecían de sustento legal.