El informe 2023 del programa “Estado del Ambiente”, elaborado por la Subsecretaría de Ambiente, identifica más de 5.200 sitios ilegales de disposición final de residuos en Argentina, con un promedio superior a dos por municipio.

La cifra no ha mejorado significativamente en los últimos años, generando alarma entre especialistas, como la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (CATRIES) y la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (CAITPA).

Qué es un basural a cielo abierto y por qué preocupa

Las cámaras explican que estos sitios:

- No cuentan con impermeabilización del suelo

- Carecen de control de lixiviados o gases contaminantes

- Reciben residuos industriales, peligrosos y patogénicos sin clasificación

A diferencia de los rellenos sanitarios, que están regulados y diseñados con infraestructura técnica (capas impermeables, monitoreo de biogás, captura de líquidos), los basurales abiertos violan normativas provinciales y nacionales, sin controles efectivos ni sanciones adecuadas.

Industria y residuos: una relación informal

Uno de los factores más graves es la baja tasa de tratamiento de residuos industriales. Según el Observatorio de Residuos Peligrosos, una iniciativa conjunta entre UBA, UNR, CATRIES y CAITPA:

- En 2024 se generaron más de 25 millones de toneladas

- Solo el 4,07 % recibió tratamiento adecuado

- Hay más de 32.700 empresas generadoras, pero apenas el 8,5 % contrata operadores habilitados

“El 96 % de los residuos industriales terminan sin tratamiento. Muchos van a parar a basurales ilegales, con impacto directo sobre la salud y el ambiente”, advirtió Claudia Kalinec, presidenta de CATRIES.

Impactos ambientales y sociales acumulativos

Los basurales abiertos generan:

- Lixiviados contaminantes, que pueden infiltrar las napas y afectar el agua potable

- Emisiones de biogás, como metano y dióxido de carbono, que contribuyen al cambio climático

- Riesgos sanitarios y sociales para familias que viven cerca de estos sitios, especialmente en barrios populares

“El problema no es la falta de normativa, sino la ausencia de aplicación. Las empresas evitan los costos del tratamiento legal y nadie los sanciona”, señaló Gustavo Solari, presidente de CAITPA.

Políticas necesarias: fiscalización, incentivos y concientización

Las cámaras proponen una agenda ambiental que incluya:

- Fiscalización efectiva y sanciones reales para quienes contaminan

- Beneficios fiscales y acceso a créditos verdes para empresas que gestionan adecuadamente sus residuos

- Campañas de concientización, tanto en el ámbito empresarial como social

“La contaminación industrial no es invisible: está en el agua, en el aire, en el suelo. Si no se aborda de manera urgente y sistemática, los costos serán irreversibles”, concluyó Solari.

La gestión de residuos industriales debe ser integrada como eje estructural de cualquier política ambiental seria. De lo contrario, advierten desde el sector, la informalidad seguirá afectando el equilibrio ecosistémico y la salud pública.