El Gobierno retomó la contraofensiva desde Washington ante los fondos buitres, esta vez a través del Congreso de los Estados Unidos, ámbito donde los fondos de inversión con juicios contra la Argentina buscan apoyo de los legisladores para encasillar al país entre los “que evaden fallos judiciales”, aunque con parámetros delineados por los holdouts.

El embajador argentino en los Estados Unidos, Alfredo Chiaradia, envió cartas a los miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y la Comisión de Bancos, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado, para refutar los argumentos con los que los fondos buitres promueven el proyecto de ley de “responsabilidad de los Estados extranjeros que evaden fallos judiciales”.

Si la Argentina fuera alcanzada por esta ley, como pretenden los fondos buitres, se limitaría la posibilidad de que empresas estatales emitan deuda en los mercados de capitales o soliciten créditos en los Estados Unidos. Se trata de los proyectos HR1798 y S912.

La legislación es copatrocinada por apenas nueve legisladores en la Cámara de Representantes y un miembro en el Senado. En la última carta, con fecha del viernes pasado, Chiaradia –que ayer estaba en California para el lanzamiento del satélite Aquarius– sostiene que “los proyectos de ley fueron hechos a la medida de la situación de endeudamiento de la Argentina” y además “distorsionan los hechos y tratan de brindar apoyo a los fondos buitre en sus acciones coercitivas contra países endeudados”.

Entre los argumentos refutados por la embajada, se encuentran los que señalan que la Argentina supuestamente rehusó todos los esfuerzos de los acreedores para negociar las condiciones de una oferta de canje. “La Argentina hizo grandes esfuerzos para negociar una oferta pese a la magnitud extraordinaria de la deuda declarada en default en 2001”, aseguró el texto que le envío Chiaradia a los senadores y diputados. “El Gobierno argentino llevó adelante más de setenta reuniones con grupos de consulta establecidos por los asesores financieros del Estado”, recordó el ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería.

Además, detalló que en 2004 se llevaron adelante reuniones con los acreedores extranjeros, antes de presentar la oferta de canje. El diplomático también destacó que se concedieron pagos de cupones vinculados al PBI de la Argentina.

Otro de los argumentos de los fondos buitres rechazados por el Gobierno es que la Argentina todavía adeuda más de u$s3.500 millones a los tenedores de bonos de nacionalidad estadounidense. “Es un argumento engañoso.

Ese monto corresponde no a las tenencias de bonistas estadounidenses sino a las cifras nominales de las demandas iniciadas en la Corte de los Estados Unidos, en su mayoría a cargo de entidades no estadounidenses”.

Los bonistas estadounidenses representan sólo el 8,3% del total de demandas pendientes contra la Argentina, es decir sólo u$s303 millones sobre un total de 3.600 millones de dólares. “La mayoría de las demandas están a cargo de los llamados fondos buitres que compraron la deuda en default por centavos y después se negaron a participar en los canjes que tuvieron lugar en 2005 y 2010”.

Según los datos del Gobierno, el 85% de los casos en las cortes pertenece a estos fondos litigiosos.

AL CORAZÓN CAPITALISTA. El proyecto de ley diseñado por el lobby de los fondos buitres apela además a los intereses de las empresas estadounidenses para ganar adhesión y evalúa que “la Argentina mostró un desdén similar a los reclamos planteados en el CIADI, el organismo de solución de diferendos del Banco Mundial al que están atados los acuerdos de inversión bilaterales.

“Entre 2002 y 2003 se iniciaron más de 50 demandas contra la Argentina en el CIADI. La Argentina no sólo pagó millones de dólares en honorarios sino que renegoció el 92% de los contratos con el Estado y más del 60% de las demandas con inversores que llevaron adelante acciones por más de u$s9.000 millones”.

Otro de los argumentos promovidos por los acreedores profesionalizados indica que la cesación de pagos tuvo un costo significativo para los contribuyentes estadounidenses, y que la Argentina hace caso omiso del estado de derecho. “La Argentina no ignoró ninguna demanda en su contra.

Al contrario, está apelando todos los casos en las cortes de los Estados Unidos”, respondió Chiaradia. En ese sentido, el argumento presentado a los legisladores por el Estado sostiene además que “en relación a los pagos ordenados por algunas cortes de los Estados Unidos, la Argentina sostiene que la ley internacional y la falta de un régimen para lidiar con un default soberano le permiten al país mantener su posición”.