Para eso, echó mano a las facultades del Código Fiscal para ordenar medidas y requerir información a los bancos sobre los fondos y valores de sus clientes. El criterio que aplicó ARBA fue retener un 0,5% de todos los depósitos que hicieran en sus cuentas los contribuyentes de los que sospechara que debía pagar Ingresos Brutos y no lo estuvieran haciendo. Los primeros en protestar fueron los bancos, argumentando que la medida violaba el "secreto bancario" y luego llovieron denuncias de los titulares de las cuentas. Las principales quejas de los contribuyentes fueron por las cuentas sueldos, que están exceptuadas, pero también sufrieron retenciones. Además, hubo reclamos sobre depósitos de cualquier monto, transferencias entre cuentas sueldos y en depósitos para pagar cuotas.

Después de la depuración del padrón, no obstante, ARBA detectó que "a 28.800 ciudadanos con movimientos bancarios discordantes". Es decir que figuraban como no inscriptos y que realizaron movimientos bancarios por $ 1.550 millones en abril. Entre esos 28.800, hubo 4.000 que realizaron movimientos por $ 1.000 millones; y dentro de ese universo unos 100 ciudadanos que efectuaron operaciones bancarias que totalizan más de un millón de pesos, cada una.

En medio de la implementación de la polémica medida, finalmente el miércoles, se conoció una decisión de la Corte Suprema que hizo lugar a un pedido de un conjunto de bancos (nucleados en ABA) y señaló que ARBA no puede exigir a los bancos información sobre clientes morosos. Como tampoco embargarles cuentas ni otros activos bancarios fuera de la provincia de Buenos Aires.