La rápida certificación de deuda existente entre la Provincia y la Nación realizada por el Tribunal de Cuentas posibilitó que ayer los bloques de la oposición acompañaran la ratificación por ley del convenio rubricado por el Gobierno nacional en el marco del programa federal de desendeudamiento federal. A la norma, por moción del MPF, se le incluyó un artículo que establece que los fondos que la Provincia dejará de pagar a Nación durante el plazo de gracia estipulado en esa reestructuración de deuda sean destinados a cancelar la deuda consolidada con el IPAUSS, y no únicamente la deuda asistencial generada con ese organismo durante la actual gestión gubernamental, como pretendía el Poder Ejecutivo.

Además, y a pesar de considerarlo innecesario en función de la ley aprobada a fines del año pasado, la oposición también aprobó el convenio de mutuo con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, que permitirá que la Provincia reciba un préstamo por 50 millones para financiar obra pública municipal como mecanismo de cancelación de deuda de coparticipación con los municipios de Ushuaia y Río Grande.

El tratamiento de este tema generó un áspero pase de facturas al oficialismo y al Gobierno, al que se acusó de haber orquestado una campaña de desinformación pública para presionar a la oposición. Desde el oficialismo se negó tal imputación y se sostuvo que el debate público sobre la actividad legislativa es algo que no debe preocupar ni molestar a ningún sector. Raimbault apuntó que en todo caso las críticas tienen origen “no en lo que se hace sino en lo que deja de hacer” en beneficio de la sociedad, en obvia referencia a la demora en la ratificación del fideicomiso Austral. Es más, apuntó que el acompañamiento en estos dos temas “es una cuestión menor en comparación con lo que todavía nos negamos a aprobar”.

Fideicomiso sí, pero sin exención impositiva y con control parlamentario

Obviamente, y a pesar de la opinión favorable del Fiscal de Estado, en lo que no hubo acuerdo fue en la ratificación del convenio para promover la inversión y el desarrollo provincial, que contempla la constitución del fideicomiso austral. De todas maneras, sobre el tema hubo novedades ya que el bloque del MPF presentó un proyecto de ley (que fue girado a comisión) que impulsa la ratificación de ese convenio, pero con limitaciones ya que no autoriza la exención impositiva contemplada en el instrumento que fuera rubricado en marzo pasado por la Gobernadora y el Ministro de Planificación Federal. Esto implica una modificación del texto original que debería ser convalidada por el Gobierno nacional en caso de que el proyecto del MPF resulte aprobado.

La propuesta busca también reglamentar mecanismo que deberá seguir el Ejecutivo para designar los representantes de la provincia ante la comisión de seguimiento del fideicomiso. Propone que aquellos deban contar con ratificación legislativo y que uno sea designado directamente por el parlamento. Se establece, además, la intervención previa de la Legislatura en la definición de las obras prioritarias, control de los presupuestos de cada una de ellas y en la selección y contratación de las empresas que las vayan a realizar.

Por otra parte, y “con el objeto de salvaguardar las autonomías municipales y el cumplimiento del régimen de coparticipación municipal de regalías hidrocarburíferas vigente o sus futuras modificaciones”, se define que el aporte en regalías provenientes de nuevas explotaciones que se compromete la provincia a aportar al fideicomiso “deberá ser liquidado a posteriori de la distribución de recursos a los municipios y comunas de la provincia”.

Estas últimas exigencias no implican cambio alguno en el convenio en sí, por cuanto no deberían constituirse en obstáculo para la aprobación del proyecto de ley.

La iniciativa en cuestión fue valorada de distinta manera por los representantes del oficialismo en la Legislatura. Para el vicepresidente 1º e integrante del bloque unipersonal PSP, Fabio Marinello, el proyecto resulta una alternativa válida que “merece ser analizada en comisión”. En tanto, para el arista Manuel Raimbault no es más que “una chicana política” que busca seguir obstruyendo la posibilidad de que la provincia pueda acceder a unos 2.500 millones de pesos durante los próximos 10 años y a 35 millones de dólares en forma inmediata.

La mopofista Mónica Urquiza argumentó que el proyecto fue presentado en esos términos por el bloque que integra “no están de acuerdo con la exhimición de impuesto a las empresas que realizarán obras en el marco del Fideicomiso”. Interpretó que convalidar esa cláusula del convenio implicaría un trato desigual para con las empresas constructoras radicadas en la provincia, ya que estas están alcanzadas por el beneficio de tasa cero, pero únicamente para algunas de las actividades que desarrollan y siempre y cuando cumplan con determinados requisitos de ocupación de mano de obra.

Juicio político para Tolhuin

En un sumarísimo trámite parlamentario, se aprobó ayer una ley para regular el proceso de juicio político para la comuna de Tolhuin. Ricardo Furlan, autor de la iniciativa, precisó que la ley orgánica de municipalidades que data de la época del territorio no contempla este instituto, por lo que había un vacío legal que debía corregirse para garantizar el derecho de defensa de los funcionarios sometidos a proceso.

El proyecto no fue acompañado por los aristas Raimbault, López y Fernández, por entender que una normativa de estas características merecía mayor análisis.

Tierra para proyecto de construcción de viviendas por autogestión

A pesar de la oposición del Municipio que pretendía asignar ese predio para que se montara un Cartel de Bomberos en la zona sur de la ciudad, los legisladores –con la solitaria oposición del radical Pluis– autorizaron la Poder Ejecutivo a desafectar del uso público una reserva fiscal provincial ubicada en cercanías del barrio “Bahía Cauquén” para que la cooperativa “El Deseo” concrete un proyecto autogestivo de construcción de viviendas, en el marco de un convenio tripartito entre la Provincia, el Municipio y el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos.

“Corrigiendo errores del Gobierno”

Tal lo acordado en la comisión de presupuesto, en la sesión de ayer se sancionó una modificación a la ley tarifaria, para reducir la presión impositiva a la industria plástica y autopartista.

El legislador Ricardo Wilder precisó que de esta manera se viene a “subsanar un error cometido por el Ministro de Economía” cuando presentó la denominada tarifaria corta, mediante la que se aumentó la alícuota sobre Ingresos Brutos y tasa de verificación a estos sectores de la industria. Situación que, dijo, las llevó a una difícil situación que incluso puso en riesgo los puestos de trabajo.

Tras largas horas en bancas, los legisladores fijaron para el jueves 7 de octubre la fecha de 6 sesión ordinaria.

¿Sólo una cuestión declamativa?

En el día de ayer tomaron estado parlamentario tres proyectos de ley que proponen modificar el sistema electoral vigente, tanto para incorporar el sistema de voto electrónico en los comicios provinciales como para reducir el piso de tachas del 50 al 15%.

Teniendo en cuenta la necesidad de resolver con premura estos temas habida cuenta la cercanía del próximo turno electoral, y que en función de lo acordado a inicio de año sólo restarían dos sesiones ordinarias antes de la finalización del presente período parlamentario, el arista Manuel Raimbault solicitó que a estos tres proyectos se les imprimiera “trámite preferencial sin fecha fija”. Esta herramienta reglamentaria obliga que los asuntos con esta preferencia deban ser tratados en las sesiones subsiguientes como primer Orden del Día. La petición fue rechazada aún por los bloques del Movimiento Obrero y FPV, autores de dos de los proyectos.

Esta conducta dejó sobrevolando la duda sobre las reales intenciones políticas de los legisladores de avanzar en las reformas propuestas.

De funcionario a espectador con privilegios

A 15 días de haber renunciado a la Subsecretaría de Hacienda por la imputación pública lanzada en su contra por el periodista Daniel Puebla, que lo acusó de haberle ofrecido una suma de dinero en negro a nombre de la empresa TFEQ, ayer se pudo ver en la Legislatura a Darío Farias.

El ex funcionario gubernamental se ubicó en el sector destinado al personal de bloques, junto a colaboradores del vicepresidente 1º de la Cámara, Fabio Marinello, y declino formular declaraciones a la prensa.