La escuela de Appad funciona en Avenida Roca 851, de esta capital. Comparte el edificio con la Dirección de Discapacidad de la provincia. Todos los días, a las 13.30, dos decenas de personas con discapacidades severas, asociadas a otras patologías, asisten a la que para muchos de ellos es su única salida diaria. Tienen entre 13 y 39 años de edad y dependen de sus padres o tutores para la vida cotidiana.

"Las cinco horas que los chicos pasan acá, de lunes a viernes -cuenta Alicia Chimino, una integrante del cuerpo docente-, son el tiempo que sus padres o tutores tienen para sí mismos, porque el resto del día deben atenderlos".

Sin gas, ni teléfono.

Catrón Mendía, primo del actual ministro de Bienestar Social, Gustavo Fernández Mendía, llegó a la presidencia en 1993, junto a una nueva comisión directiva. La anterior debió dejar la institución acuciada por tener que afrontar solidariamente las costas de un largo juicio que Appad ganó. Fundada en 1986, la Asociación funcionó algunos años en una casa de la calle Garay Vivas, en Colonia Escalante, y en 1991 se trasladó al edificio actual. Dos años más tarde, en 1993 comenzó a recibir subsidios del Ministerio de Cultura y Educación (MCE), ya que fue reconocida como una institución modelo en el trabajo con la discapacidad. La primera en su tipo en toda la Patagonia.

En los últimos años, la comisión directiva se fue desmembrando hasta que sólo quedó su actual presidente y una contadora que le llevaba los papeles. "Actualmente, la situación es dramática, al punto que desde el año 2006 no se han presentado los balances ante la Dirección General de Personas Jurídicas de la provincia", explican las docentes.

Semejante irregularidad le viene generando a la institución una serie de impedimentos que conspiran contra su funcionamiento. Educación no les otorga desde 2009 los subsidios trimestrales que entrega al resto de las escuelas, puesto que en la entidad no hay quien rinda los gastos.

Esto genera problemas económicos que, a su vez, provocan cortes en los servicios (gas y teléfono) y la imposibilidad de encarar tareas de mantenimiento en el edificio (las filtraciones en los techos son el principal inconveniente). Los mismos problemas de papeles, crónicos, han impedido que se pueda trabajar con las obras sociales, en los casos de los chicos cuyos padres poseen la cobertura social.

Regularización.

Lo único asegurado es el sueldo del personal, que corre por cuenta de Educación, y el techo propio, puesto que las instalaciones pertenecen al Ministerio de Bienestar Social, que además se hace cargo de la electricidad. El resto de los gastos operativos debe solventarlos la comisión directiva, pero hace años que no realiza aportes. "Acá no están los papeles en regla. La última vez que el presidente vino fue en 2009. Después lo solemos ver en la Dirección de Discapacidad, pero no viene para este lado. Desde la Comisión ni siquiera llaman para ver si los chicos están viniendo", añaden.

LA ARENA visitó la escuela el miércoles a la tarde. Las docentes Alicia Chimino, Noelia Padilla, Claudia De Diego, Carina Diharce y Daniela Aimetta y la kinesióloga Patricia Moreno dieron detalles de la precaria situación que atraviesan y exigieron la renuncia de Catrón Mendía para que una nueva comisión asuma y regularice la situación. Aseguran que si la escuela de Appad cierra sus puertas, no sólo perderán sus fuentes de trabajo, sino que los chicos se quedarán sin su segunda casa.

Pertenencia.

"Ellos tienen un gran sentido de pertenencia. Algunos de ellos esperan afuera que la combi los pase a buscar para venir acá. Para los padres es un problema explicarles que el sábado y el domingo no tienen que venir y se tienen que quedar en la casa, porque ellos quieren venir a toda costa", cuentan.

Las docentes aseguran que han dialogado de la situación con las autoridades, pero manifiestan que no pueden hacer nada, porque la escuela pertenece a la Asociación. Tampoco piensan en traspasarla a manos del Estado provincial. En todo caso, arguyen, si cerrara sus puertas, los alumnos serían absorbidos y reubicados en las escuelas especiales que dependen del MCE. "Nosotras no queremos esto, porque desarmarían el grupo. Los chicos no lo soportarían", explicaron. Por eso insistieron en la necesidad de renovar las autoridades y regularizar la situación. "Si la situación no se revierte no va a sobrevivir este año", concluyeron.