La iniciativa de Carlos Heller y Máximo Kirchner finalmente comenzaría a ser tratada en comisiones en los próximos días. Largos meses pasaron desde que el impuesto fuera anunciado por primera vez en los primeros días de abril. En esos primeros borradores lo denominaban “Impuesto Patria”.

El mismo Alberto Fernández más de una vez manifestó públicamente en estos meses su acuerdo con dicho impuesto, que en sus primeros borradores, se planteaba alcanzar tanto a personas físicas como jurídicas. Es decir, no sólo a la riqueza de los mayores multimillonarios, sino también a los bancos, los grandes grupos económicos, las empresas agropecuarias, etc.

Cuarentena y crisis económica mediante, los índices de pobreza alcanzan hoy a casi la mitad de la población. Son también 5,5 millones los trabajadores que sufrieron despidos, suspensiones o algún tipo de ataque sobre sus salarios.

Entonces, ¿por qué este impuesto tardó tanto en llegar?

Durante todos estos meses de sufrimientos cada vez más agudos para amplios sectores de la población, el Gobierno fue tomando una larga serie de medidas en función de los intereses de los más poderosos. Desde aquel acuerdo que el propio Presidente denominó como “histórico” para que las empresas suspendan masivamente pagando apenas el 75 % del salario, pactado entre la UIA y la CGT, hasta la ley de “economía del conocimiento” con la cual benefició a empresas como Mercado Libre (hoy la empresa más cotizada del país).

En su afan de conciliar con los grandes empresarios, estos fueron marcando la agenda con sus demandas. Luego, lógicamente, aprovecharon para ir por más. Parte de esto explica que cuando el Gobierno amagó con expropiar al gigante agropecuario Vicentín, la derecha salió a manifestarse, y el oficialismo finalmente tomó la opción de retroceder. Como resultado la empresa acusada de defraudar al propio Estado no se vio afectada. Es más, en la noche de este jueves la Policía santafesina comandada por el peronista Perotti desalojó a los trabajadores que acampaban reclamando por el pago de sus salarios.

De la mano del agravamiento de la situación económica y sacando lecciones de que “cuando presionan, desde el Gobierno ceden”, la propia derecha se fue envalentonando. Parte de esto es lo que venimos viendo en los “banderazos” de las últimas semanas.

Llega el impuesto, ¿pero cual?

Ahora el Gobierno sale, a contragolpe, a intentar recobrar alguna iniciativa. Parte de esto es la presentación de este Proyecto de Ley a los más ricos. Pero, a tono con cederle tanto a los que tienen todo, llega devaluado.

Cambió incluso su denominación. Ahora se trata de un Aporte extraordinario solidario, "así lo llamamos con toda prudencia" dijo el propio Heller. Lejos de cualquier intento, siquiera discursivo, de afectar a los dueños del país. En la misma sintonía desencantada los propios medios vinculados al oficialismo daban cuenta este viernes del enorme retraso con que llega. También afirman que a los ricos esto “no les cambiará nada”.

Lejos está, también, de tratarse de un impuesto que pueda dar respuesta a varias de las necesidades más urgentes. La iniciativa apenas será un aporte por única vez, sin incluir a las empresas, sino únicamente una carga a las fortunas personales.

En la misma serán incluidos alrededor de 12.000 personas, aquellos que posean más de 200 millones de pesos. La alícuota será de nada más que un 2 %, siendo apenas un poco superior (hasta 3,5 %) solamente para las 300 personas que tienen una riqueza aún mayor.

Entre los objetivos de los recursos extraordinarios que se obtengan, se incluye (incluso), destinar una parte para financiar a PyMes. También se destinaría a comprar equipamiento en salud y urbanizar barrios populares.

Afectar a los dueños de todo

Si el objetivo es evitar que la crisis recaiga sobre las espaldas del conjunto de la población trabajadora, de amplios sectores de las clases medias empobrecidas, se vuelve más urgente que nunca tocar sus intereses.

Medidas elementales como un salario de cuarentena de $ 30.000, un fuerte financiamiento al golpeado sistema de salud, así como un plan de obras públicas para dar respuesta al urgente problema de la desocupación, podrían comenzar a discutirse con un impuesto que afecte realmente sus intereses.

El Proyecto presentado por el Frente de Izquierda, que en estos meses tanto el peronismo como la oposición se negaron a tratar, apunta en esa dirección. Un proyecto que parta de tocar tanto las riquezas individuales como los beneficios bancarios y las ganancias empresariales, así como cobrando un impuesto especial sobre la gran propiedad de la tierra, entre otras medidas.

Es ahí donde existen los recursos disponibles para dar respuesta a esta situación.