Una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud incluida en el Presupuesto 2013, que elimina derechos de asistencia a personas con discapacidad, al dejar sin cobertura y sin financiamiento a la mitad de las prestaciones, genera malestar entre organizaciones nacionales y locales, que ven peligrar su existencia de concretarse la polémica medida.

En Olavarría, instituciones como el Instituto de Enseñanza Oral (Ideo) o el Instituto Hellen Keller tendrían graves dificultades para sostener su funcionamiento si el Congreso sanciona la resolución adoptada por la dependencia del Gobierno nacional.

Este martes, distintas organizaciones que trabajan con personas con discapacidad marcharon en la Ciudad de Buenos Aires en defensa de sus derechos y para exigir que se mantengan al ciento por ciento los pagos de reintegros por su atención.

En una reunión con las entidades, la Superintendenta de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, se comprometió a excluir al sector de discapacidad de los alcances de la resolución que se encuentra suspendida hasta el 30 de noviembre.

Pese a la promesa, el anuncio del recorte preocupa a las entidades locales. Marcela Gago, Secretaria de Ideo, aseguró al Progama En Línea Noticias, que se emite por la FM 89.5 que de aplicarse la resolución “nosotros tenderíamos a desaparecer” y advirtió que la medida busca “desviar los recursos de las obras sociales” del Fondo Solidario de Redistribución.

“Si bien recibimos subvención de la Dipregep, por lo sueldos docentes, todo lo que implica mantenimiento edilicio, impuestos, el pago a la cocinera y la portera, parte el pago de AFIP sería imposible pagarlo porque no cobramos cuota. No es una escuela grande. Somos 46 alumnos y muchas de familias cadenciadas y tendríamos que cobrar una cuota altísima, no podríamos sostener el edificio” aseguró.

En este sentido, la referente de la institución local destacó la necesidad de dar a conocer la situación a la comunidad: “Lo principal son los chicos y su familia. También hay docentes que quedarían sin trabajo. Pero queremos tratar de compartir porque esto se desconoce. Solo lo saben los padres y los que trabajamos y sino pasaría como una cosa más. Lo importante es que se de a conocer, que es una cuestión de toda la sociedad sin banderas políticas, es una lucha por derechos adquiridos” advirtió.

Además advirtió que la resolución viola la Ley 24901 que garantiza la cobertura y el financiamiento a las personas con discapacidad.