La auténtica ciudad de la furia. Los últimos días del año fueron real­mente caóticos para Buenos Aries. Una extendida ola de calor convirtió a la ciudad en un horno y los cortes de luz que afectaron a gran parte de los ba­rrios la pasaron del horno al infier­no y no hicieron más que avivar la llama de la impotencia.

Cientos de cortes de calle, protestas acaloradas, comercian­tes con pérdidas millonarias, es­craches. Un caos que fue pronun­ciándose con el correr de las horas y que llevó al gobierno porteño a declarar la “emergencia eléctrica” en la Ciudad. Un despliegue de asistencia mínima para la pobla­ción afectada, como un paliativo ante las temperaturas extremas.

Frente a este panorama, con media Buenos Aires a oscuras, re­sulta difícil tratar de desentrañar con paciencia por qué se llega a esta situación cada vez que se pro­ducen picos de demanda. El con­sumo, según la Compañía Admi­nistradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A(Cammesa), rompió todas las marcas récords de la se­rie histórica, tanto para días de semana como para fines de se­mana. El gobierno nacional -res­ponsable de la generación eléctri­ca- asegura que el sistema cumple con la demanda y que opera con margen. Sin embargo, esta afir­mación poco interesa a quienes padecen cortes continuos de elec­tricidad y cuyo reclamo es concre­to ante la concatenación de tras­tornos que provoca la ausencia de un servicio básico como la luz.

En el último año, el consumo energético creció 2,4% y acumu­la un crecimiento de más del 80% desde el 2003, según el Ministe­rio de Planificación. La mayor con­centración de demanda se produ­ce en el área metropolitana. En conjunto, Buenos Aires y el co­nurbano consumen el 36,5% de la energía del país. Justamente en esta área fue don­de se registraron los mayores incon­venientes, que de­jaron a más de un millón de perso­nas sin luz. Y tam­bién donde persiste un modelo de gestión (control sobre un sistema privatizado) en la distribución que ahora es puesto en duda por las autoridades.

¿Por qué se corta la electri­cidad? Según documentos de la Secretaría de Energía, la Argenti­na se abastece principalmente de energía térmica (60%), hidráuli­ca (35%) y en menor medida nu­clear (3,22%), eólica (0,52%) y solar (0,03%). El ministro de Pla­nificación, Julio De Vido, ha di­cho en reiteradas ocasiones que es­tas fuentes permi­ten cubrir una demanda histórica, que tiene picos cuando se regis­tran temperaturas extremas.

El gobierno apunta ahora contra las distribuidoras. Es de­cir, contra Edenor, que opera so­bre la zona norte de la Ciudad y el Conurbano, y Edesur, que hace lo propio en el sur.

Como si se tratara de peque­ñas ampollas que van creciendo y empeorando a medida que pasan los años, prácticamente todos los esquemas de privatizaciones que surgieron en los 90 fueron esta­llando. Algunos de manera abrup­ta (como los trenes, con un acci­dente en Once donde murieron 51 personas) y otros de manera lenta pero sostenida, como el caso energético. Edenor y Edesur se repartieron el negocio de la distribución eléctrica durante la déca­da del 90 con un contrato que les garantizaba una ta­rifa atada a la variación del dólar. El 18% de los traba­jadores de Segba fue des­pedido y gran parte de las tareas de mantenimiento y reparación están terceriza­das en pequeñas empresas que trabajan con personal ultra precarizado.

Con el estallido social de 2001 y el dictado de la Ley de Emergencia Económica en 2002, el esquema de negocios de ambas empresas comenzó a en­trar un período de redefinicio­nes cruciales. La más importan­te fue la suspensión de la cláusula de ajustes tarifarios atados al dó­lar y el congelamiento de la tarifa. El complemento ofrecido (y soste­nido en el tiempo) fue la compen­sación a través de subsidios, que funcionaron como retén de futu­ros aumentos.

Sin embargo, desde entonces las empresas comenzaron a pre­sionar para conseguir ajustes tarifa­rios. La explicación era que, en las condiciones planteadas, les era im­posible avanzar en obras de moder­nización, mantenimiento y amplia­ción de las redes de distribución.

Es decir, vetada la posibilidad de aumentar, las compañías no in­virtieron en paralelo al crecimien­to económico, en un contexto de escaso control estatal que dejó al descubierto una pata esencial del sistema: la distribución.

“Las deficiencias de genera­ción han ido siendo corregidas con inversiones en centrales im­portantes, en paralelo con nume­rosas centrales pequeñas, com­pradas llave en mano a China. Este no es el modo más eficien­te, pero asegura la provisión. La infraestructura de distribución en las ciudades, por otro lado, requie­re una revisión y readecuación in­tegral. La política de privatizacio­nes de los 90 fue tan desprolija que en algunos casos ni siquiera se cuenta con planos de los siste­mas, que quedaron en poder de oficinas estatales que luego los destruyeron”, explica a Diario Z Enrique Martínez, ingeniero y ex director del Instituto de Tecnolo­gía Industrial (INTI).

Para el especialista, no está cla­ro que el problema de fondo sea una cuestión de tarifas porque “las empresas reciben subsidios que complementan, en un esque­ma poco transparente, que com­plica aún más el escenario. Edesur y Edenor, al igual que los conce­sionarios ferroviarios o en su mo­mento Aguas Argentinas, son em­presas organizadas alrededor del lucro, meta estructuralmente in­compatible con la prestación de un servicio público eficiente, cualquie­ra sea la condición de la demanda. El sistema de concesiones debe ser eliminado de cuajo”, agrega.

Las empresas

Edenor está en manos de Pam­pa Holding (ex Grupo Dolphin) desde 2005, aunque su partici­pación en el escenario energéti­co no se reduce a esa sola com­pañía, sino que tiene acciones en empresas de generación con cen­trales hidroeléctricas Los Nihuiles y Diamante, con centrales térmi­cas Güemes, Piedra Buena y Loma de la Lata.

En tanto, Edesur está contro­lada por el Estado italiano a tra­vés del Ente Nacional de Energía Eléctrica (Enel). Esta empresa es­tatal registró durante 2012 ingre­sos por 84.889 millones de euros. En la Argentina, Enel esta asocia­da con un grupo de inversores de prosapia agrupados en la Socie­dad Argentina de Energía (Sade­sa). Esta compañía posee el 27% de las acciones y está integra­da por Miguens-Bemberg, Esca­sany, Reca, Caputo, Casas y Mal­brán. A principios de este año, le compraron la participación accio­naria a Petrobras por 35 millones de dólares.

Desde la estatización de las AFJP en 2008, el go­bierno nacional tiene representación en el directorio de Edenor. Allí posee 5 directo­res de 12 que, si bien no pueden imponer decisiones, actúan como contro­ladores de la eléctrica: siguen sus números y están al tanto de to­das sus operaciones técnicas. En Edesur, en cambio, el Estado no tiene representación accionaria, pero desde hace un año y medio colocó un veedor (Luis Barletta), luego de que la empresa incum­pliera con un pago a Cammesa por compra de energía. Esta cua­si intervención implica que Bar­letta debe “fiscalizar y controlar todos los actos de administración habitual”.

Aunque trataron de minimi­zar la situación (“se trata de pro­blemas individuales”, dijo la voce­ra de Edesur, Alejandra Martínez, mientras cientos de miles de per­sonas se alumbraban con velas), las compañías aprovecharon para volver a la carga y pusieron sobre el tapete la supuesta necesidad de un aumento del precio de la electricidad. Las expectativas del mercado entusiasmaron a los em­presarios. Las acciones de ambas empresas, que cotizan en Nue­va York, venían registrando subas generalizadas.

Pero el resultado financie­ro no sustentaría el argumento de los necesarios ajustes tarifa­rios. Entre enero y septiembre de 2012, Edesur registró ganancias por $1124 millones. El desempe­ño de Edenor fue, en cambio, un poco más discreto: al mismo mes de este año, sumó ganancias por $792 millones. Es decir, en con­junto recolectaron $1916 millo­nes. Aunque en 2010 y 2011 Ede­nor tuvo resultados negativos, la empresa rescató en sus cierres contables el mantenimiento de “un perfil de deuda bien equili­brado” y el fortalecimiento de su “estructura de capital”.

Este marco financiero y los ru­mores de una quita de subsidios acompañada de un aumento de las tarifas, generó un buen clima de negocios para ambas compa­ñías. En septiembre, luego de un incremento récord del 26% de las acciones de Edenor en Nueva York, la consultora Deplhos ase­guraba que “en un mercado op­timista (…) los primeros avances son experimentados por las com­pañías con mejores fundamentos, luego el apetito por el riesgo cre­ce y las empresas más débiles empiezan a sentir optimismo. De cara a octubre, las fir­mas de energía y ser­vicios deberían ser las más beneficiadas, al mismo tiempo también las más riesgosas”. Los rumores sobre una posible revisión de las tarifas mar­caban el ritmo alcista, que solo fue interrumpido con la amenaza del gobierno nacional de una po­sible estatización de ambas com­pañías, algo que hizo desplomar las acciones bursátiles.

En este complejo contexto, con negocios poco claros, escaso o nulo control y lobby empresa­rial, de poco sirven las peticiones al voluntarismo ciudadano. Como señala Martínez ante la pregun­ta de Diario Z sobre qué impacto tiene la apelación a no excederse con el uso del aire acondicionado: “En condiciones de colapso del sistema, las apelaciones individua­les pierden todo efecto. La lógi­ca debe ser recuperar una mínima credibilidad en la administración y luego aumentar la participación de la comunidad, en tres planos: aumento de la conciencia del uso responsable; control operativo; rediseño de las formas de genera­ción, aumentando sustancialmen­te la generación distribuida a par­tir de fuentes renovables”.