La comisión creada para la elaboración del texto, encabezada por el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni e integrada por Federico Pinedo (PRO), Ricardo Gil Lavedra (UCR), María Elena Barbagelata (Partido Socialista) y el ex camarista León Arslanian se reunió una vez por semana para su discusión, y ha introducido modificaciones que pretenden, entre otras cosas, establecer penas más leves, añadir una serie de delitos no contemplados por el código actual, unificar unas 400 leyes que hay dispersas en un único código, entre otras cuestiones.

La condena a cadena perpetua, por ejemplo, dejará de existir. En su lugar, se impondrán penas de hasta 30 años solo si se consideran delitos contra la humanidad. La tenencia y el cultivo de drogas como el cannabis no serán penadas, y se impondrán castigos a quienes contaminen.

La idea de violación tendrá un sentido más amplio, se considerará la felatio y los ataques sexuales en el matrimonio. Las empresas podrán ser responsabilizadas penalmente y se amplíarán las definiciones de casos de corrupción.

El concepto de “peligrosidad” ya no tendrá vigencia, y la “asociación ilícita” solo será aplicable para delitos graves. Además, se incorporan delitos informáticos y habrá un título específico para delitos ambientales, como el de contaminación. También se castigarán los ataques a la flora y la fauna.

La corrupción es uno de los aspectos centrales que se trató en el proyecto de reforma, en tanto que la descripción de estos delitos busca adecuarse a la convención internacional, según adelantó Página/12.

El “cohecho” o soborno internacional será incorporado al nuevo ordenamiento penal. Habrá nuevas variables del “peculado” (la sustracción de fondos públicos) como el “peculado de uso”, cuando un funcionario utiliza en beneficio propio un servicio prestado por la administración pública, y el “peculado culposo” para quien no controla debidamente y permite el robo de fondos. También se prevén penas para los funcionarios que se aprovechan de información que no es de acceso público para obtener beneficios económicos. El Código incluye también el cohecho entre privados, común en operaciones bursátiles.

El código Penal actual sufrió cerca de 900 reformas desde 1921 y fue perdiendo coherencia a lo largo de los años, sobre todo respecto a la proporcionalidad de las penas con las leyes Blumberg de 2004.