“Los fondos que se estaban robando son de todos los argentinos”, graficó Silvana Arana, responsable de la Unidad de Atención Integral (UDAI) en la ciudad termal. Así, adelantó que varias áreas tienen bajo estudio la presentación de una demanda penal para reforzar la acusación en busca de los autores del delito.

Es que lo que comenzó como un conjunto de irregularidades se transformó, para la sede saenzpeñense, en una millonaria estafa concretada por una organización delictiva que utilizó empleadores insolventes y “organizadores invisibles” difíciles de detectar porque no dejan huellas salvo la propia estafa.

“Detrás de todo hay una banda delictiva que realiza maniobras fraudulentas con millones de pesos que se están yendo del Estado y que implica un perjuicio a muchas personas”, describió Arana. En declaraciones a radio Universidad, la funcionaria que hace 10 meses está al frente de la UDAI repasó el trabajo conjunto con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para detectar la mega defraudación con fondos sociales.

Así también adelantó que en los primeros días de agosto llegará a Sáenz Peña el gerente de Prestaciones Descentralizadas de Anses, Mariano Cascallares, quien personalmente se asesorará y notificará de los detalles de la causa en poder de la Justicia Federal.

Arana precisó que son varias las áreas del organismo a nivel nacional que trabajan por estas horas en el estudio de las posibles acciones penales que presentará la Anses. Esas áreas son las gerencias de Verificaciones, de Control Prestacional y de Asesoramiento Jurídico y Asuntos Penales.

En otro orden, recordó que este tipo de maniobras fraudulentas no son exclusivas del Chaco. El propio titular de la Anses, Diego Bossio, aseguró que estas irregularidades ya se presentaron en otros puntos del país, aunque en el Chaco sería la mayor defraudación.

Es que el organismo maneja un paquete relevante de prestaciones sociales, que incluye las asignaciones universales por hijo y embarazo, las jubilaciones, pensiones y otros beneficios, que resulta atractivo para este tipo de organizaciones delictivas conformadas para adueñarse de fondos públicos.

“Que quede claro que los trámites de Anses son totalmente gratuitos. Y quien diga que es necesario un gestor para realizarlos, es mentira”, enfatizó la funcionaria. De esta manera recordó que para tramitar una jubilación o una pensión existe la asistencia previsional que es totalmente gratuita.

Trabajo conjunto

Tras detectar las irregularidades se abrieron dos caminos: uno en la estructura de la propia Anses, para inhibir a los supuestos trabajadores e impedir el cobro de los beneficios hasta lograr, finalmente, darles de baja; y en la justicia, donde fue derivada toda la documentación del caso para iniciar la investigación que determine e identifique a los responsables de la mega estafa.

Con cautela al dar detalles de la mega defraudación, Arana recordó que el organismo y AFIP vienen trabajando desde febrero pasado, lo que permitió un rápido accionar para concretar la inhibición en boca de pago. “Logramos muy buenos resultados porque ingresaban por la página web de AFIP, declaraban a los empleados y le daban el acta a la empresa. El trámite no era ante la Anses”, precisó.

De esta manera, las cuentas fueron bloqueadas y se les dio un plazo para que presentaran la documentación respaldatoria, aunque ninguno de los supuestos beneficiarios finalmente presentó. Entonces, en una primera instancia, Anses dio de baja a 1.600 trabajadores, que no pueden cobrar más los beneficios.

“Estamos hablando de gente que nunca fue a trabajar y de muchos casos que venían a la UDAI y que no sabían que figuraban como empleados”, contó la funcionaria. Así recordó que, hasta el momento, están inhibidos unos 35 millones de pesos. Toda la documentación de la causa está en poder ahora de la jueza federal de Sáenz Peña Zunilda Niremperger.

Arana reveló además que, de los casos detectados, son pocos los de personas domiciliadas en Sáenz Peña, y la mayoría corresponden a presuntos trabajadores de Quitilipi y de otras localidades del interior provincial.

Así empezó todo

Las tareas habituales de la dependencia permitieron detectar las irregularidades. “Los reclamos se hicieron cada vez más constantes. Nos resultó llamativo y empezamos a ver que se repetían. Ingresábamos a hacer la consulta al sistema, veíamos que esas personas realizaban los reclamos porque no podían acceder a la asignación universal por hijo, encontramos que figuraban como empleadores o que estaban en relación de dependencia”, relató Arana.

Fue así como se iniciaron tareas de campo para determinar la existencia de las empresas en las cuales prestaban servicios. “De las verificaciones que se hicieron surgió el presunto empleador que nos manifestaba desconocer varias consultas puntuales como la cantidad de trabajadores con que contaba, el nombre de sus empleados y la existencia de mujeres en relación laboral”, repasó.

En tanto, al ser consultados los presuntos trabajadores también declararon desconocer la relación laboral. “No había recibos de sueldo ni papeles que probaran la actividad. También en la declaración de AFIP se apreciaba que prestaban servicios en zonas desfavorables, que era un ardid para poder percibir asignaciones familiares de un importe superior”, indicó la funcionaria.

Así, dijo que se trataba de “pseudo empresas” conformadas “al sólo efecto de percibir asignaciones familiares”. De ahí que los trabajadores desconocían a sus empleadores ni mucho menos fueron en algún momento a trabajar al sur del país.

Con ese relevamiento inicial y comprobadas las irregularidades, las mismas fueron informadas a la Gerencia de Detección de Anses para Inhibir a la empresa y avanzar en la investigación correspondiente.

Deudas impositivas

En otro punto, Arana explicó que las personas que figuraban como supuestos empleadores (muchos de los cuales no tenían conocimiento de ese estado), están adquiriendo una deuda impositiva por los aportes impagos.

La magnitud de la estafa se dimensiona aún mejor cuando algunos datos indican que beneficiarios de una pensión no contributiva figuran como empleados de unos 40 empleados declarados. “Es un disparate”, graficó finalmente la funcionaria.