Intendentes del Alto Valle rionegrino se reunieron ayer en Fernández Oro para tratar temas concernientes a los hidrocarburos.

Entre las conclusiones que se sacaron de dicho encuentro, se destaca el rechazo a las adjudicaciones directas, por lo que piden la realización de licitaciones para contratar las consultoras que controlarán las nuevas concesiones petroleras.

En el encuentro estuvieron presentes los intendentes Fabián Galli (de Contralmirante Cordero), Ariel Rivero (de Campo Grande), Patricia Etcheverry (de Cinco Saltos), Alberto Weretilneck (de Cipolletti), Juan Reggioni (de Fernández Oro), Graziano Braccalente (de Allen), Carlos Soria (de General Roca), Gilberto Montanaro (de Cervantes) y María Rosa Iémolo (de Catriel) quien no plasmó su rúbrica en el documento confeccionado.

En el documento, que lleva la firma de la gran mayoría de los intendentes de municipios productores de hidrocarburos, se exige que “toda contratación de asesorías sobre producción y medio ambiente se realice mediante una licitación pública nacional e internacional”.

La secretaria de Minería e Hidrocarburos de la provincia, Tamara Pérez Balda, adelantó que el gobierno provincial no tiene técnicos ni especialistas necesarios para realizar los controles sobre el cumplimiento de los compromisos de preservación del medio ambiente, y producción, reservas y planes de inversión.

“Ya es alarmante que un Estado que intenta llevar adelante una renegociación de esta naturaleza no cuente en su plantel con organismos especializados para efectuar el seguimiento técnico. Peor aún es que con la excusa de supuestas urgencias, se pretenda realizar la contratación de consultoras en forma directa o mediante el artificio de un concurso de precios que limita la participación a sólo algunas empresas”, señalaron los intendentes.

Además agregaron que les “llama la atención que los representantes de la Legislatura Provincial en la Comisión de Seguimiento avalen esta maniobra que cierra las posibilidades de brindar mayor transparencia a la concesión de la riqueza hidrocarburífera de Río Negro. Estamos hablando de entregar a privados la explotación de recursos no renovables, que deben utilizarse para la construcción de economías sustentables alternativas”.

Por último concluyeron manifestando que “entendemos que la contratación de los controles que determina la Ley provincial 4.571 debe tener la mayor de las transparencias. La que sólo le dará una licitación pública nacional e internacional, abierta a la participación de todos. Estamos hablando de la posibilidad de mejorar la situación de Río Negro para dinamizar su economía. No de reservar un negocio para unas pocas empresas”.