Un pedido de juicio político pondrá la lupa sobre el procurador general de la Suprema Corte, Rodolfo González. Se trata de una denuncia presentada por la abogada Carolina Jacky en la Cámara de Diputados, en la que señala “mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en casos en los que se argumenta violencia de género.

Si bien el pedido que analizan en la Cámara Baja por estos días todavía no es sometido a la primera sesión (que determina si se da lugar o no), las posturas en torno al potencial juicio comienzan a vislumbrarse, aunque en general piden más pruebas que fundamenten la denuncia. 

En las novedades, Diputados fue notificado ayer de una ampliación de la denuncia, que derivó en un pedido del radicalismo de postergar para la semana que viene un posible tratamiento en el recinto. En esta instancia, el juicio avanzaría hacia la comisión de enjuiciamiento, siempre y cuando logre para esto simple mayoría, es decir, el voto de la mitad más uno.

La acusación en concreto dispara contra González, el jefe de los fiscales. “Yo presento el caso de Laura Videla con 32 denuncias en una fiscalía, donde en el día de ayer (por el martes) la juez de garantía lo sobreseyó al marido en la denuncia por violación, donde no se han acumulado las causas como deberían, donde no se nos aceptó como querellantes particulares en esos expedientes, en donde no se han aplicado las normas que establecen las leyes de violencia de género"” explicó Jacky su presentación.

A priori, y reconociendo que aún no abordan el tema en profundidad, en la Legislatura dicen que la denuncia, al parecer, no tiene las pruebas suficientes. En este sentido, la abogada defendió: “Lo que planteé es que el Procurador y la Fiscalía no actúan de acuerdo con la ley de violencia de género. La consistencia (de la denuncia) es el incumplimiento a las normas y a la ley. Si con eso no hay consistencia, entonces traigo a las víctimas”, ironizó Jacky.

En el avance de la denuncia, ayer, los legisladores tuvieron en mano una ampliación que adjuntó dos resoluciones del procurador general “que evidencian el descontrol existente a la hora de atender las denuncias de las ciudadanas”, además de notas que se enviaron entre la comisión de Género y Equidad, y el Ministerio Público Fiscal, por el mismo caso de Videla.

Las posturas

En la Legislatura, las reacciones ante un eventual juicio político fueron variadas, aunque todas mostraron cautela. Si bien el voto que admita o no el proceso será nominal, es decir, en responsabilidad del legislador y no una decisión de bloque, ayer habían algunas posturas comunes.

La más “corporativa” fue la de la UCR, que pidió ayer una semana para estudiar el caso. “Vemos que el juicio político es complejo, tiene una serie de informaciones que hay que conseguirlas y esta semana nos fue corta. Necesitamos como mínimo una semana más para ver si hay pruebas, estudiar el tema y evaluar si existió un pedido de jury del procurador a los fiscales, si se aplicaron sanciones”, señaló Néstor Parés, presidente del bloque de diputados del radicalismo.

El nuevo plazo pedido por la oposición, fue entendido por algunos como una dilación. “Ellos tendrían servida la posibilidad de cambiar al procurador general”, decían por lo bajo en la Legislatura, a lo que en el radicalismo contestaron que no van a avanzar “por el solo hecho de avanzar”.

Del otro lado, en el FpV, las posturas fueron menos unánimes (ver aparte) pero sí con cautela. La encargada de hablar fue la diputada Silvia Ramos que, en calidad de vocera, dijo que “hay muchos elementos para que se postergue una semana. Hay que analizar muchos documentos que hacen al contenido de la denuncia. En cuanto a la responsabilidad política, desde el punto de vista de género tenemos muchos argumentos, pero tenemos que ser cautelosos en cuanto al contenido de estas denuncias, porque tenemos una responsabilidad legal en cuanto al sustento y documentación que las avala”.