El expediente quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°8. Otro juzgado del mismo fuero, el N° 12, ya resolvió en otro expediente impulsado por entidades defensoras del patrimonio que el gobierno nacional se abstenga de avanzar con la remoción de la estatua, de 38 toneladas.

Patrocinadas por los abogados Darío Ventimiglia y Alejandro Marrocco, acudieron esta vez a la Justicia la Asociación Italiana de Socorro Mutuo y Cultura-Nazionale, el Centro Cultural Italiano de Olivos, la Asociación Italiana de Mutualidad e Instrucción Unione e Benevolenza, la Asociación Italiana de Socorros Mutuos Fraternidad y Unión de San Miguel, la Federación de Asociaciones Bonaerenses Italianas en la Argentina (Fabia), la Asociación Cristiana de Trabajadores Italianos (ACLI) y la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Almirante Brown.

Según explicó Marrocco, el amparo se fundamentó en la discriminación hacia la colectividad italiana en los términos de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

Además, objeta lo que consideran una "indebida apropiación del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, a la cual pertenecen tanto el Monumento como el predio donde está emplazado, en el cual el gobierno nacional sólo está facultado para disponer medidas de seguridad durante actos públicos".

Finalmente, los representantes de la comunidad solicitan que se impida el traslado, ya que ello supondría el incumplimiento de la ley N° 5105, aprobada en 1907, por la cual la donación del monumento realizada por los inmigrantes italianos fue aceptada con la condición de que se lo emplazara donde hoy se encuentra y no en cualquier lugar.

Complementariamente, las entidades solicitaron que se decrete la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley 26.854, recientemente promulgada, que limita las medidas cautelares, a fin de que se evite el traslado y las tareas de remoción mientras el amparo se esté tramitando.

"Las entidades aclaran que no se oponen al establecimiento de un monumento en homenaje a Juana Azurduy de Padilla, pero consideran inadmisible e ilegal que se lo quiera hacer reemplazando al de Cristóbal Colón", concluye el comunicado.

En paralelo a esta acción judicial, dirigentes de la comunidad italiana realizan contactos informales con funcionarios del gobierno nacional para expresar su preocupación por la remoción del monumento confeccionado en mármol de Carrara.

Mientras aguardan una reunión formal con el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, en una suerte de presión extraoficial, los líderes de la comunidad se mueven con una consigna: cada vez que uno de ellos, por diferentes motivos, tiene contacto con algún funcionario de la Casa Rosada expresa la preocupación respecto del futuro del monumento al marino genovés.