Sin embargo, ambos instrumentos legales fueron frenados sistemáticamente en el Poder Judicial. Y los números son más que elocuentes para ratificar cuál es la voluntad política de este gobierno.

Antes del decreto 1082/12, en el Chaco “operaban cerca de 80 entidades que brindaban créditos a tasas usurarias. Después de este instrumento legal, ese número descendió a no más de 14, todas las entidades operan con un amparo de la Justicia”, añadió.

Diego Arévalo, subsecretario de Hacienda del Chaco.

Como el mismo defensor del pueblo, Gustavo Corregido, lo menciona en su nota, “estas seudos cooperativas y mutuales cobran intereses excesivos y no aceptan el control por parte del Estado Provincial cuando se intenta limitar los intereses, dado que han realizado presentaciones en sede judicial y obtenido medidas cautelares que les permiten seguir usufructuando haciendo uso y abuso de los mencionados códigos de descuentos mientras se sustancian las causas con grave deterioro para los agentes públicos”, precisó.

Una vieja lucha

Se debe recordar que en agosto del año pasado, el Gobierno del Chaco promovió un pedido de jury contra el juez de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Luis Antonio Martínez, quien fue uno de los magistrados que otorgó los amparos.

Antes, Martínez fue secretario General de la Gobernación, cuando el gobernador era Roy Nikisch, y los códigos de descuentos “se otorgaban con el descontrol que describe Corregido”, afirmó Arévalo.

“Para cambiar el status quo de los intereses corporativos y dejar en claro el compromiso asumido por este Gobierno, se aprobó la ley 6676 (que establece límites e informe de los costos financieros totales de la tasa de interés aplicada en las operaciones) y se dictó el Decreto 1082/12 (que suspende la carga de nuevos descuentos a empleados públicos exceptuando entidades gremiales)” indicó el funcionario.