Es que reclaman al gobierno nacional la restitución de los fondos establecidos en la Ley de Bosques, que habían sido asignados a fines de 2010 pero que luego, por decisión de la Jefatura de Gabinete, quedaron sin efecto.

Las organizaciones explicaron que, en un principio, el Gobierno destinó casi 300 millones de pesos a sustanciar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos de 2010.

Sin embargo, la Decisión Administrativa 926/2010 del 29 de diciembre fue dejada sin efecto por la resolución 1037/2010 de la Jefatura de Gabinete de la Nación "por razones operativas",

destacaron las ONG’s en un comunicado.

En tal sentido, las organizaciones dijeron no entender "ni encontrar explicaciones oficiales a este cambio de rumbo en la conformación y utilización del Fondo para la protección de los bosques", en especial porque "varias provincias" encararon proyectos que requieren de un presupuesto adecuado para el control y monitoreo del cumplimiento de la Ley 26.331.

La norma, en el artículo 31, fija que el Fondo no podrá ser inferior al 0,3 por ciento del Presupuesto Nacional, una suma a la que deberá sumarse el 2 por ciento del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio.

Según esta ley, el presupuesto destinado al enriquecimiento y la conservación de los bosques nativos debería ascender a más de 1.000 millones de pesos. El 30 por ciento de la cifra estará destinado, por norma, a fortalecerla capacidad técnica y de control de las provincias y fomentar las actividades productivas sustentables que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques.

Por su parte, el 70 por ciento restante tiene como objetivo compensar a los titulares de bosques nativos que realicen tareas de conservación y manejo sostenible.

La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos contempla la suspensión de nuevos permisos de desmontes hasta que cada provincia realice el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos en forma participativa.

Además, obliga a realizar un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte, exige respetar los derechos de indígenas y campesinos sobre los bosques que habitan, y crea un fondo para la protección de los bosques.

A fines de 2010, un grupo de legisladores nacionales, con el respaldo de los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey; Tierra del Fuego, Fabiana Ríos; y Santa Fe, Hermes Binner, había cuestionado al Gobierno por la insuficiente partida presupuestaria establecida en el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para la constitución del Fondo