"Alrededor de 800 porteras de escuelas provinciales en La Pampa están desde hace aproximadamente nueve años facturándole al Estado como monotributistas, a pesar de desempeñarse como trabajadoras en relación de dependencia. En la misma situación se encuentran por mencionar algunos, mucamas de hospitales, empleados de servicios generales y choferes que trabajan en las reparticiones públicas de la provincia. Su fuente laboral se encuentra regida por un contrato renovable o no cada 6 meses, no cuentan con las vacaciones correspondientes, no disponen de licencias por enfermedad, no cobran aguinaldo, no pueden acceder a indemnización es en caso de despido, entre otras cosas. ¿Eso no es fraude laboral?", se preguntó.

Toda la verdad.

Mac Allister indicó que "desde hace varios años estamos obligados a debatir proyectos de ley que no reflejan la realidad. Un ejemplo claro es la reestatización de Aerolíneas Argentinas. Todos queremos una aerolínea de bandera nacional pero lo que no queremos es que al país le cueste casi 3.000 millones de pesos al año".

"Lo mismo sucede -continuó- con Fútbol Para Todos. Todos queremos ver los 90 minutos de partido de nuestro equipo porque durante mucho tiempo solo pudimos ver algunas jugadas o simplemente las tribunas. Pero, ¿les pareces que es necesario destinar 1.410 millones de pesos con lo importante que ese dinero sería para desarrollar el deporte en la Argentina?".

"El proyecto para promover el trabajo registrado, al igual que los dos anteriores que hubo, no cuentan toda la verdad. La iniciativa del Poder Ejecutivo tiene como objetivo transparentar el empleo, fundamentalmente de las empresas privadas. Lo llamativo es que va en contrapunto con lo que hace el Estado Nacional y varias provincias aliadas al kirchnerismo, como La Pampa, donde el empleo en negro se concentra en el Estado", resaltó.

Ejemplo.

Mac Allister indicó que "en la nota del gobierno nacional que acompaña el proyecto de ley se menciona que el Estado nacional lo envía al Congreso con el fin de profundizar la lucha contra todas las formas de fraude laboral. Lo cierto es que de cada 3 trabajadores 1 está 'en negro' y el 30 por ciento de los mismos son empleados públicos. ¿No tendría que ser el gobierno nacional entonces el que dé el ejemplo transparentando el empleo estatal?".

El diputado del PRO dijo que "es menester que el Estado, en todas sus formas y niveles, sea el que dé el ejemplo garantizándole a sus trabajadores un empleo decente y promoviendo políticas activas para regularizar la situación de las más de 2 millones de personas que hoy trabajan en forma precaria. Pero por sobre todo, el Estado no puede ausentarse del control sobre el trabajo en negro. ¿Qué es lo paradójico de esto? Que quien tiene en sus manos el control y el desarrollo de políticas para ponerle fin a un problema de larga data es el primero en incumplir las normas. Una vez más, un proyecto kirchnerista que no cuenta toda la verdad".