El procedimiento se llevó a cabo esta tarde en el edificio de la calle O'Higgins de San Isidro, del cual se investiga el maltrato de niños que se conoció a partir de una grabación, en la cual se escuchan los gritos, insultos y amenazas a los pequeños de entre 45 días y 4 años.

Por orden del fiscal Franco Servidio, personal de la policía bonaerense ingresó al lugar tras forzar la puerta principal de la vivienda donde funcionaba el jardín de infantes Tribilín.

De este modo la justicia, que investiga a empleadas del jardín y guardería Tribilín por supuesto maltrato a niños, buscó recabar datos y evidencias sobre el trato al que eran sometidos los niños que concurrían al lugar, el cual según el gobierno bonaerense no estaba habilitado a funcionar, como lo hacía desde 1999.

Horas antes el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, afirmó que el lugar no tenía "habilitación para funcionar como tal y solo contaba con una aprobación de presentación de planos".

Posse aseguró que el municipio "solo aprobó, hace 16 años, los planos del jardin, pero no hay documentación sobre habilitación", y justificó la ausencia de un seguimiento en "la gran cantidad de centros educativos privados" que hay en el Partido.

El intendente aseguró estar "indignado y sensibilizado" porque "sobre la base de una aprobación de planos y sin autorización de la provincia ni del municipio, se estableció un engaño a los padres y un ardid que desembocó en la existencia de maltrato infantil".

"Las facturas que emitían las autoridades del jardín no dicen nada sobre su inscripción en la Dirección Provincial de Educación Privada (Dipregep) ni municipal -agregó-. Eran monotributistas" sostuvo el jefe comunal sanisidrense.

"En realidad eran delincuentes, irresponsnables que pueden tener una patología que los hace peligrosos -dijo Posse-. La indignación que sentimos cuando recibimos la denuncia de los padres nos hizo recurrir a los carriles correctos" para esta situación.

Posse recordó que "una ley de 1998 impide a los municipios intervenir por cuestiones educativas. Eso se trata de una situación no regular donde no hubo manera de poder hacerle un seguimiento".

Indicó además que "es necesario hacer un cruzamiento de datos para que la Dipregep, que es el que controla estos establecimientos, pueda detectarlos a tiempo y evitar el engaño a los padres".

Asimismo el fiscal que investiga la causa por los presuntos maltratos en el jardín "Tribilín" de San Isidro fijó para el 15 de febrero las pericias psicológicas que se realizarán a los niños que asistían al establecimiento.