Cuando daba la sensación de que el paso del tiempo era el destino que le quedaba a la causa, apareció de sorpresa la noticia del procesamiento del exboxeador Víctor Purreta por el delito de homicidio simple de Andrea López.

La decisión del juez Daniel Ralli va a tono con lo que desde hace largo tiempo reclama la familia de la víctima, que insiste en la existencia de pruebas que demuestran el modo en que se produjeron los episodios.

Desde ya que la resolución de ningún modo mitiga el dolor y los tormentos, pero arrima algo de alivio a la madre de Andrea, Julia Ferreyra, y a quienes desde hace 9 años la acompañan en la pelea para que haya justicia y se ahuyente la impunidad.

De todos modos, y aunque de ninguna manera puede cuestionarse el procesamiento -sobre todo porque no se conocen puntualmente sus argumentaciones- resulta imposible no detectar algún tinte de oportunismo, puesto que las cosas no variaron demasiado desde el momento en que se produjo el testimonio clave para llegar a esta conclusión.

El hijo de Purreta y Andrea López dijo lo que tenía que decir a fines del año 2011, es decir que pasaron más de 2 años para que el juez interviniente canalizara esos dichos hacia una resolución, que se firmó dos días antes de que se cumpliera el noveno aniversario de la desaparición de la mujer.

Tampoco puede negarse que, con tiempos que no son los deseables y tras una serie de evidentes torpezas en las pesquisas, el juez Ralli intentó profundizar la investigación antes de llegar a esta definición, incluyendo una serie de medidas que él anticipó como fundamentales y que concretó en noviembre del año pasado.

Hay, desde sectores interesados en defender al acusado pero también desde miradas menos comprometidas, una consideración que proviene del sentido común (que no necesariamente es un acierto): la idea muy instalada de que no puede haber un acusado de homicidio cuando no apareció el cadáver de la víctima.

El juez recolectó abundante y muy certera prueba, según ha explicado el representante legal de la querella, el abogado Omar Gebruers.

Mucho más allá de este final parcial de la historia -porque la defensa adelantó que recurrirá el procesamiento y obligará a la intervención de otras instancias judiciales- el caso Andrea López sigue siendo un símbolo de los modos institucionales que suelen conducir a la impunidad.

En este caso, como en otros, aparecen claras evidencias de la torpeza policial y judicial, cuando no de la “complicidad” y connivencia que han denunciado sectores que han seguido el asunto con interés, y que conocen de primera mano cuáles han sido las carencias y las conductas sospechosas de los distintos actores.

Purreta, cuyos comportamientos nadie desconocía incluso antes de la desaparición de Andrea, fue condenado por proxeneta recién después de ese episodio; sus relaciones con el partido del gobierno nunca fueron un secreto: funcionó como puntero del PJ durante años.

Al mismo tiempo, la búsqueda de Andrea estuvo plagada de errores, pistas falsas y meras pantomimas para conformar el reclamo de justicia de sus familiares y allegados, que nunca tuvieron lo que en los círculos de poder se denomina “llegada” a quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones importantes.

Aún con este sorpresivo procesamiento sobre la mesa, entonces, el Caso Andrea López sigue siendo la punta de un iceberg que deja al desnudo los vicios institucionales que atravesaron y atraviesan a la provincia.

Maniobras dilatorias, ocultamientos varios, falta de transparencia en el manejo de los asuntos judiciales, curiosas relaciones entre investigadores policiales, se suman al ya típico clasismo y machismo del Poder Judicial.

Una de las consecuencias visibles es, desde ya, la sensación de impunidad que -no sólo a raíz de este caso- reina en la provincia, y por lo tanto la declinación de la calidad de vida de los ciudadanos pampeanos.

El Caso Andrea López no tendría que darse por cerrado con el procesamiento -y eventual condena- de su presunto culpable, sino que -aunque a la luz de los últimos casos que se conocen hasta parece una cándida utopía- merecería una revisión de cuáles fueron los errores, precariedades y connivencias que caracterizaron a la investigación y sus responsables.

...y una de arena...

La difusión de una estadística referida a los siniestros de tránsito que se producen en Santa Rosa causó asombro: se nota en el año 2012 un notable incremento de la cantidad y gravedad de esos “accidentes” respecto de lo ocurrido en los años anteriores.

De acuerdo a esas cifras, que son oficiales -puesto que son las que hace constar la Policía provincial- la tendencia decreciente en la materia, que se exhibía desde 2008 hasta entonces, se ha visto interrumpida de modo rotundo.

Los números sorprenden porque no se trata de variaciones sutiles, sino de una forma contundente en que se ha revertido lo que estaba ocurriendo en la capital provincial, siempre según esos guarismos oficiales.

La difusión de los números tiene su interpretación e interés político: fue hecha por los concejales del Frente Pampeano, en afán de demostrar que durante la gestión de ese sector hubo políticas exitosas que atendieron esa problemática.

El aprovechamiento de ese aparente éxito es legítimo, y en todo caso un asunto secundario respecto del fondo de la cuestión.

Lo importante, lo central, es otra cosa: la cantidad y la gravedad de los siniestros registrados es una de las maneras en que el tránsito de Santa Rosa exhibe su absoluto descontrol, no sólo por ausencias o yerros de las políticas públicas, sino también por la falta de conciencia de los actores centrales de esta historia, que son los conductores y peatones.

Suponiendo que el desorden del tránsito realmente sea consecuencia de -entre otras cosas- políticas distintas (o falta de ellas), lo que resulta insólito es que haya entre las fuerzas partidarias una suerte de competencia que no puede conducir a buen puerto, y que se da incluso en aquellos asuntos en que -aparentemente- las cosas andan bien.

Santa Rosa tiene, desde ya, características que la diferencian del resto de las ciudades, pampeanas o del resto del país: la cantidad de vehículos que pueblan sus calles es una característica distintiva, y que obviamente influye en el (des)ordenamiento del tránsito.

Sin embargo, ninguna gestión municipal ha focalizado esa situación para buscarle una solución, y en cambio se han inventado distintos modos de que la cantidad de coches que hay en la ciudad tenga una repercusión en las cajas comunales: la ambición del funcionariaje municipal, casi sin diferenciar gestiones, ha apuntado a la recaudación más que a ninguna otra cosa.

Las administraciones políticas tienen, desde ya, la obligación de controlar sus cuentas y hacerse de los recursos que les permitan gobernar, pero no es su única misión que le cierren los números: la calidad de vida de los habitantes de la ciudad pasa por muchos otros lugares y materias.

En algunos aspectos, las cifras oficiales son tremendas: en 2011, los accidentes fatales habían sido 4; en 2012, fueron 18.

Aunque es obvio, vale dejarlo en claro: no se trata de simples números, sino de vidas humanas que se pierden, en la mayoría de los casos de manera evitable, porque faltan políticas, prevención o concientización de las personas que hacen al tránsito.

Como ya se ha escrito varias veces en este mismo espacio, otro punto a tener en cuenta de modo inevitable, y en forma particular, es el de las motocicletas: las autoridades tienen que fijar una posición al respecto y sostenerla, en lo posible sin dar mensajes contradictorios.

La cantidad de motos que semanalmente se retienen demuestran que una mayoría de las motos o motociclistas que circulan no están en regla: contentarse con el fruto económico de esa realidad (las multas que se labran por distintas transgresiones) es apenas un costado del asunto.

El municipio -y no se trata sólo de los funcionarios, sino de las distintas organizaciones conocedoras del tema, agrupaciones interesadas en buscar respuestas y soluciones- tiene también la obligación de modificar ese estado de cosas: si la transgresión se ha vuelto norma, hay que gestar mecanismos que devuelvan esa realidad a un estado de cosas que le sea más beneficioso a la comunidad.

No se trata de un afán represor de vigilar y castigar, sino de un elemental modo de sostener la calidad de vida y evitar consecuencias peores.