El propietario de la única empresa que licitó para prestar el servicio de transporte urbano de pasajeros es uno de los personajes vinculados al poder político inspeccionados especialmente por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El funcionario hizo esa enumeración para indicar que no hay una persecución sobre la familia Lorenzetti, cuyos integrantes también quedaron bajo la lupa del organismo fiscalizador.
Echegaray aseguró que varios funcionarios del Ejecutivo, como del Legislativo y del Judicial fueron previamente objeto de fiscalizaciones por parte de la AFIP por distintos motivos y en ningún caso existió una intervención de orden institucional en defensa de sus integrantes.
Admitió entonces que el actual ministro de Defensa de la Nación y ex diputado nacional, Agustín Rossi, fue objeto de una fiscalización por parte de la AFIP, que también llegó a la empresa de transporte en la que su hermano Alejandro es socio principal.
Autobuses Santa Fe es la única firma que participó de la licitación por el transporte urbano de Santa Rosa, que se hizo con el objetivo de encontrar relevo para el Grupo Plaza. Para el gobierno municipal fue un problema: se presentó una sola empresa, cuando esperaban participación y competencia.
Además, el precio para el boleto ($4,15) es también un problema para los funcionarios que tienen que tomar la decisión. La novedad de la inspección de AFIP agrega otro condimento complejo para las autoridades comunales.
La empresa de Rossi se fundó en el año 2001, en Santa Fe. Su socio es el abogado Gerardo Ingaramo. Miguel Zamora actúa como gerente. Opera 69 líneas de ómnibus con empresas propias y 8 a través de uniones empresariales transitorias.
Rossi también tuvo una visible trayectoria política. Comenzó de la mano del ex gobernador santafesino Víctor Reviglio. Fue el presidente del Consejo de la Magistratura de Santa Fe entre 1995 y 1999, bajo el mandato Jorge Alberto Obeid, recordó la publicación "La Mañana de Neuquén".
Luego fue subsecretario de Seguridad provincial. Según "Diario Uno", en ese cargo fue investigado por amenazar a un taxista con un arma de fuego, aunque finalmente se dictó falta de mérito.
En el 2007 fue elegido diputado nacional. Era entonces un abogado especialista en transporte de pasajeros y abogado de la seccional Santa Fe de la Unión Tranviarios Automotor.
Uno de las momentos polémicos de su trayectoria politica estuvo relacionado con su declaración jurada de bienes: omitió su participación en una empresa de transporte de cargas aduciendo que la adquisición la hizo en agosto de ese año y estaba retrasado. En el 2006, creó Constructora Urbana pero tampoco la incluyó.
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