Cerca de 40 familias fueron conminadas a desalojar las viviendas que alquilan. El Defensor del Pueblo de Corrientes, se reunió con los locatarios y comentó que gestiona una audiencia con las autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Durante el encuentro que tuvo lugar en la Casa del Bicentenario, cerca del mediodía, Alegre, en compañia del defensor Adjunto del Pueblo, Juan Ramón Ferreira, escuchó las inquietudes de los locatarios de dichas viviendas, algunos con más de 15 años en el lugar y que incluso invirtieron en mejoras de los inmuebles que habitan.
En diálogo con EL LIBERTADOR, Alegre comentó que la situación es similar a lo ocurrido en la ciudad de Mercedes durante 2013, y que llenó de incertidumbre a casi 90 familias del barrio Militar por la posibilidad de un desalojo masivo.
Ya con la experiencia adquirida con el caso de Mercedes, Alegre, presentó la documentación que remitiera a la Defensoría la Agencia de Administraciones de Bienes del Estado, propietaria de los inmuebles en cuestión y por lo tanto tiene la facultad para resolver la problemática. "Los vecinos no serán desalojados, pues el Ejército Argentino no tiene dominio sobre ese complejo habitacional", indicó el funcionario.
En la reunión que se extendió por más de dos horas se resolvió conformar una Comisión Vecinal, que tendrá el acompañamiento del abogado de la Municipalidad en las gestiones que se realicen.
Además, las intimaciones serán rechazadas "porque no tienen validez legal", mientras tanto la Defensoría del Pueblo gestiona una audiencia con las autoridades de la Agencia de Administraciones de Bienes del Estado, para buscar una solución definitiva a la problemática.
Añadió el Ombudsman correntino que, "las casas originariamente fueron construidas para integrantes de la fuerza militar cuando tenía plena ocupación del lugar y con el tiempo fueron alquiladas a civiles. Los ocupantes son familias con niños y en muchos casos hicieron importantes inversiones en refacciones y mejoras".
En su momento, los mercedeños plantearon en asamblea distintas alternativas de solución como la compra de las viviendas que habitan, teniendo en cuenta además que muchos invirtieron en mejoras de esas casas que estaban en mal estado. Otra posibilidad analizada fue la de firmar un contrato de alquiler por un tiempo razonable que les permita construir o alquilar otro inmueble dada la escasa oferta inmobiliaria en la ciudad para tantas familias.
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