En diálogo con “Pasa de Todo”, el funcionario expresó que el Estado comunal es querellante ante la Justicia por la Trata de Personas y tiene la “obligación de llevar políticas públicas para su erradicación y prevención”

Mientres la Cámara Baja discute una ley contra la trata de personas y en un momento en que este delito se ha metido de lleno en la agenda pública nacional, el subsecretario de Derechos Humanos de San Martín, Alberto Palacio, dialogó con Eduardo Román, en el programa radial “Pasa de Todo”. Su área es una de las principales encargadas de combatir este flagelo en el distrito.

¿No cuenta sobre el trabajo que se viene realizando durante este año con respecto a los prostíbulos?

Estamos llevando adelante una fuerte política municipal de erradicación de la trata de personas. Son acciones que tienen que ver con la condena de quienes posibilitan la explotación sexual de las mujeres en el distrito, así como también de medidas de prevención para evitar que hechos de estas características realmente se vuelvan a producir.

¿Cuáles son los mecanismos que implementan para reducir la cantidad de lugares donde hay trata de chicas?

Por un lado, se hace un fuerte seguimiento de las causas judiciales. Inclusive nos presentamos en cada una de ellas como particular damnificado. Consideramos que son delitos que repercuten en toda la comunidad, que implican un avasallamiento a los derechos humanos y por eso creemos que el municipio tiene la obligación de presentarse en las causas iniciadas en paralelo a la clausura de un prostíbulo. Ya sea en la Justicia provincial o federal, pedimos el seguimiento y las actuaciones que correspondan. Y además, del lado del municipio, se realiza el seguimiento correspondiente para que la clausura se mantenga. Es un delito que, por su contexto de responsables, conlleva la obligación de llevar políticas públicas de distinto tipo para su prevención y erradicación.

Su tarea al frente de la Subsecretaría es instruir la causa con las pruebas suficientes para que no quede archivada…

Totalmente. En el municipio trabajamos en tres instancias fundamentales. Por un lado, con el área de Protección Ciudadana y el área de Habilitaciones, para la clausura de estos espacios. En segundo lugar, en la instancia que tiene que ver con la persecución penal y con los responsables de estos hechos aberrantes. Y, en tercer lugar, a través de una fuerte política, desde nuestra Subsecretaría de Derechos Humanos, en cuanto a la asistencia a las víctimas. Nosotros acompañamos los allanamientos y, en caso de existir una víctima de trata, ponemos un equipo interdisciplinario a disposición para acompañar a la víctima en todo el proceso de reconstrucción de su historia. Si es una chica de nuestro país, tratamos de ver cómo podemos fortalecerla en el lugar que ella quiere. Y, si es una chica de otra nacionalidad y quiere volver a su país, se coordina con áreas de los Estados provincial y nacional para disponer los recursos que le permitan reencontrarse con su familia en el país de origen.

En uno de los allanamientos se encontraron dos chicas directamente impedidas de su libertad…

Es obligación del operador judicial, de la administración pública en general y de las áreas de asistencia, el estar atentos a distintas situaciones. Por ejemplo, cuando se va a un allanamiento, se trata de ver si, más allá del consentimiento que pueda expresar esa mujer, existen indicadores de que la mujer no se encuentra por su propia voluntad allí. Ésta es una fuerte política que se ha llevado adelante por parte del municipio, con una importante capacitación de cada uno de los operadores de todas estas instancias.