Tras 13 meses desde que se interpusiera la denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito contra el ex Secretario de Asuntos Municipales, Marcelo Gustavo Cil, la causa que investiga Akemeier ni siquiera fue abierta. Esta es una de las imputaciones que se le dirigen al Fiscal de Delitos Económicos Complejos, que frente a pedidos de que se investiguen hechos de corrupción ha manifestado inclinación hacia la desestimación o el archivo. Esto ha sucedido recientemente con la bochornosa preadjudicación de viviendas del barrio “Lomas de Medeiros” a favor de parientes y amigos de funcionarios; las acusaciones realizadas por negociaciones incompatibles que involucran al presidente del ENREJA, Sergio Gustavo Mendoza García, y con la sospechosa compra de 102 colectivos por parte de SAETA en el 2011, entre otros casos. Un artilugio jurídico mantiene detenida la causa de Cil, denunciado a partir de la discordancia entre la declaración jurada que presentó el 8 de Febrero de 2012 ante el Escribano de Gobierno y los informes de los registros inmobiliarios de Salta y Jujuy, que dan cuenta de que es titular registral de cinco inmuebles. Cil ha intentado justificar su crecimiento patrimonial argumentando que su ex esposa, María Silvina Ucci, funcionaria de la AFIP Delegación Salta, habría aportado casi todo el dinero para comprar los inmuebles. El ministro Carlos Teófilo Parodi informó el magro sueldos que ganaba - $19.000 en 2013 -. Encaramado a los débiles justificativos de Cil, Akemeier se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la justicia federal, cargando las culpas a Ucci como empleada de la AFIP. El juez Julio Leonardo Bavio rechazó la competencia y señaló posibles delitos, como la omisión de bienes en su declaración jurada o fraude al fisco.

En septiembre de 2013, Akemeier aprovechó este conflicto de competencias para ordenar el archivo de la causa argumentando que le era “imposible proceder”. La causa está caratulada “Cil, Marcelo Gustavo s/ enriquecimiento ilícito”. Allí figura el informe de la Dirección de Migraciones que da cuenta que tanto Cil como su ex cónyuge tienen 13 salidas al exterior en los últimos años (entre los destinos figuran desde Yacuiba hasta México).

Nada obsta a que Akemeier continúe la investigación aunque todo indica que no producirá ninguna diligencia que comprometa los intereses del gobierno que conduce Juan Manuel Urtubey en causas que tuvieron notoriedad pública y mantienen vigencia. Mañana, el Jurado de Enjuiciamiento se reunirá para analizar si Akemeier se encuentra incurso en la causal de mal desempeño. Este tribunal podría rechazar el pedido, ordenar se le corra traslado para formule un descargo o abril la instancia para enjuiciarlo. En paralelo, Urtubey ha remitido el pliego de Akemeier para que ocupe el cargo de Fiscal de Impugnación. Con esta designación se pretende que, a futuro, sea quien revise los criterios de todos los fiscales de primera instancia y redimirlo de sus actuaciones pasadas.

Si el Senado le otorgase el acuerdo en la sesión del próximo jueves, quedaría abstracto el pedido de remoción. El mensaje del gobernador genera preocupación. Está claro que Akemeier recibirá un premio por complacer designios políticos que, frente a los escándalos que ponen al desnudo la corrupción expandida, necesitan el archivo o la demora que, a la postre, conduce a la impunidad.

Lo cierto es que sus dictámenes han coincidido con los intereses de los acusados en la mayoría de las instancias en las que se comprometió a los funcionarios urtubeycistas. Solamente aceleró sus pasos, y a ritmos vertiginosos, cuando el primer mandatario utilizó la justicia para enjuiciar a sus adversarios políticos.

La venda de su majestad la Justicia se ha caído. El Senado tiene la llave para evitar otro atentado contra la independencia judicial.