Con el gasto público descontrolado, con el aumento del personal al borde de lo que permite la ley de disciplina fiscal y con la excesiva evolución de los gastos en servicios no personales, el impuestazo avalado por el gobernador Juan manuel Urtubey resulta injustificado y asimétrico. Si se tiene en cuenta que se gastan más de 926 millones de pesos en viáticos, en viajes, transporte, servicios de comunicación, propaganda política y gastos reservados (según el equipo económico de la UCR), el aumento a los impuestos para cubrir el incremento policial pierde toda la razón de ser.

De acuerdo con la información suministrada por el Gobierno, y que se convirtió en ley en la semana, la modificación legal elevará el tipo impositivo del régimen general de actividades económicas del 3 al 3,6 por ciento, con excepción de los sectores de venta de medicamentos y combustibles. El tipo impositivo que grava las actividades del juego y la intermediación financiera se elevará del 5 al 6 por ciento, mientras que el sector de la construcción, que hasta ahora se encontraba exento de este tributo, pagará al Estado el 1,5 por ciento de su facturación.

El impuestazo, en términos políticos, despertó un gran interrogante y contradicciones gubernamentales. Días atrás, el responsable de la cartera de Finanzas, Carlos Parodi, había asegurado que no habría aumentos de impuestos, que la provincia tiene una “fortaleza fiscal inapelable” y que la política tributaria estaba orientada a atacar la informalidad.

Lo que también despertó fuertes dudas en diversos sectores de la oposición es lo que se recaudará. Algunos hablan de falta de sinceridad. El Gobierno primero había hablado de 450 millones. Después blanqueó que se trataría de 520 millones, cifra de la cual se desconfía y se especula que la suba impositiva aportaría a la caja unos 700 millones de pesos. En pocas palabras, una nueva luz verde para los gastos reservados.

En este marco es que desde los recursos que se recaudarán, el 13,5 % sería coparticipado a los municipios, que se estima serán unos setenta millones de pesos.

La planta no para de crecer

En los últimos cuatro años de gestión se han incorporado más de 18 mil personas a la planta de personal. Un aumento totalmente injustificable teniendo en cuenta que esto no se refleja en un alto porcentaje entre los docentes, médicos o policías por ejemplo. Si, en la planta y en los cargos políticos del gobernador designados a dedo.

Así, durante los últimos seis años, el empleo solo creció en el sector público. Y lo hizo en forma exponencial: un 37,7 por ciento. Así se desprende del informe “Mercado Laboral en Salta”, elaborado por la Fundación para el Análisis y la Reflexión de la Argentina (Fundara), en base a datos del Indec y de la Oficina de Presupuesto Provincial.

Asimismo los salarios de los empleados públicos explican aproximadamente el 43 por ciento, promedio anual del gasto total en la administración salteña, en el período 2008-

2013, frente al 34,64 por ciento promedio anual que representaba en 2003-2007.

Gastos reservados

La lupa está sobre los gastos reservados. Es que éstos son claves para el armado de una estructura política con fines electorales. Y esto ha sido una fija en el gobierno de Juan Manuel Urtubey.

Lo que sucede dentro de lo que se conocen como servicios no personales están los denominados gastos reservados. Comprenden, entre otras cosas, viajes, pasajes y se destina para designaciones en agrupamientos políticos.

Antes se llamaban erogaciones sin discriminar y ahora los denominan servicios no personales. En este sentido se especula que los gastos reservados pasarían la barrera de los 400 millones anuales, cifra que casi iguala al incremento policial.

Estos recursos se distribuyen en 10 ministerios y 30 secretarías ensanchando de manera exagerada la planta de personal político ya sea permanente o provisoria.