A pesar de que los pronósticos indican que la sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo hará lugar a la apelación "con efecto suspensivo" del Gobierno que permitiría dejar sin efecto los fallos que trabaron el Fondo del Bicentenario hasta que se expida la Corte Suprema, el dirigente PRO planea una jugada para frenar la causa: estudia la posibilidad de recusar a dos de los tres camaristas que intervienen en el caso, si logra demostrar que se trata de magistrados alineados con la Casa Rosada.

Superada la feria judicial, la causa recayó en manos de los camaristas Jorge Morán, Luis Márquez y Sergio Fernández. Desde la oposición sospechan que tanto Márquez como Fernández no titubearán en ceder ante el requerimiento del Poder Ejecutivo. Se trata de dos camaristas subrogantes que abandonarán los cargos cuando el Gobierno designe a los nuevos titulares.

Las sospechas sobre Fernández tienen como mayor fundamento que es el hermano de Javier Fernández, auditor general de la Nación, sindicado como uno de los máximos operadores del oficialismo en el Poder Judicial.

En el caso de Márquez, las especulaciones sobre su postura están tejidas en torno a la ley de transitividad. Tanto en el mundillo judicial como entre los dirigentes de la oposición, está visto como un íntimo amigo de los hermanos Fernández. Sobre la base de esa relación, todos sospechan que se alineará con los intereses del Gobierno.

Hace menos de dos años, el juez Ernesto Marinelli –quien durante la feria envío la causa a la Cámara– denunció ante el Consejo de la Magistratura la relación de Márquez y Fernández. En aquella oportunidad Marinelli aspiraba a ser camarista y competía por el cargo contra Márquez. Uno de los integrantes del comité de evaluación era nada menos que Sergio Fernández. La denuncia presentada por escrito hablaba de "íntima amistad". Sin embargo, el Consejo determinó que el vínculo no había sido probado.

La postura que adoptó el Consejo frente a las acusaciones vertidas por Marinelli desairan a la oposición en su intención de frenar la decisión de la Cámara. No están seguros de poder probar sus acusaciones. Es eso lo que provocará que hasta el lunes en el entorno de Pinedo no terminen de definir, en concreto, cómo será la próxima jugada judicial.

Entre tanto, el tiempo pasa y la respuesta de la Cámara se aproxima. La última esperanza radica en la premisa de la independencia de los poderes. Aunque todo haga pensar que los cuestionados camaristas le darán el gusto a la Presidenta.