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EUGENIA RODRÍGUEZ

En el marco de Día Internacional de la Lucha Campesina diferentes organizaciones realizaron actividades a lo largo del país en reclamo de medidas para el sector. Según se advierte, el 60% de los alimentos que consume la población son producidos por la agricultura familiar; sin embargo, más del 70% de las familias productoras no son dueñas de la tierra, solo el 1% de los propietarios rurales posee más del 40%, y 4.500 pools de siembra concentran el 75% de la producción.

 

La agenda del sector apunta a “tener acceso a tierra, agua, habitar rural, vivienda digna, salud y educación”, además exigen la reglamentación de la ley de agricultura familiar y medidas económicas para hacer frente a la sequía. “La inflación, especialmente en los alimentos, es un problema complejo, los intermediarios ponen el precio en el mercado y los productores no recibimos lo justo por los productos. Por eso se promueven ferias para vender directamente al consumidor a precios justos, pero se necesita un fuerte acompañamiento del Estado para que esto sea una realidad”, señalaron desde las organizaciones. 

Demandas del sector

Sólo el 1% de los propietarios rurales del país posee más del 40% de la tierra. A su vez, 4.500 pools de siembra concentran el 75% de la producción y cinco empresas extranjeras aglutinan casi la totalidad de las exportaciones provenientes del sector rural. Estos datos fueron difundidos por un conjunto de organizaciones de la agricultura familiar, campesinas, indígenas, de la pesca artesanal, y grupos productivos cooperativos del sector agrario en el marco de una serie de actividades.  Al respecto, en un comunicado señalaron que “la estructura agraria tiene consecuencias en materia económica, política, social, alimenticia, climática y de carácter ambiental, a partir de los desmontes indiscriminados y el uso descontrolado de agrotóxicos” y exigieron medidas por la sequía que afecta también a los pequeños productores.

“Las principales demandas tienen que ver con la reglamentación con presupuesto de la Ley 27.118 de Reparación histórica de la Agricultura Familiar, por un incentivo para la producción, por tres meses, en el marco de la sequía y de la emergencia agropecuaria, y el principal motor que nos mueve siempre es el acceso a la tierra, al agua, al hábitat rural, a vivienda digna, salud, educación y conectividad”, señaló en diálogo con este medio Mercedes Taboada, integrante del Movimiento Nacional Campesino e Indígena - Vía Campesina.

La productora de provincia de Buenos Aires participó de una jornada que incluyó la realización de mil ferias de la agricultura familiar en diferentes lugares del país en donde además se reclamó “el freno a los desalojos y a la violencia de terratenientes que ocupan territorios productivos” y se anticipó una próxima marcha para fines de mayo “por la emergencia alimentaria”.

En la misma línea, la sequía que afecta al país y tiene especial injerencia en la actividad de las y los productores del sector, es otro de los puntos de las demandas de la agricultura familiar y campesina. “Ante la sequía los productores tratamos de volver a levantarnos, prepararnos para un invierno crudo”, dice Taboada y agrega “hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta para paliar la situación, por eso hicimos esta actividad de las ferias para visibilizar la problemática y seguir planteando las demandas que tenemos”. Entre los puntos de reclamo aparece la posibilidad de acceder a una ayuda financiera por “las pérdidas ante la sequía que hemos atravesado”. 

Según datos del último Censo Agropecuario (2018) el 55% de las explotaciones agropecuarias, de menos de 100 hectáreas, tiene solo el 2% de la tierra. “La tierras están concentradas en grandes empresas, a nosotros nos imponen los alquileres sin regulación, y también nos impiden construir viviendas dignas en los predios, los campesinos en general tenemos una porción de tierra muy chiquita”, graficó la productora agroecológica. De las 210.600 explotaciones agropecuarias gestionadas por personas físicas el 20% está dirigido por mujeres productoras, según el mismo censo.

En consonancia, desde el espacio de la Mesa Agroalimentaria Argentina (UTT, MNCI-ST, Fecofe, Fonaf) difundieron, a partir de relevamiento del Registro Nacional de Tierras Rurales, que “11 millones de hectáreas de tierras rurales están en poder de empresas o personas extranjeras y solo el 13% está en manos de pequeños productores” lo que genera que “desparezcan las fincas de menor tamaño habitadas por productores familiares, se produzcan migraciones de poblaciones rurales a zonas marginales de las grandes ciudades y exista desarraigo rural”. En ese contexto reclaman la aprobación de una serie de normativas: Ley de acceso a la tierra,  ley de Arrendamientos Rurales, ley de Financiamiento Cooperativo y de la Transición Agroecológica, ley de Protección y Fortalecimiento de las Áreas Campesinas y ley de Segmentación de las Políticas Impositivas Agrarias.

Rol central en alimentos

En un escenario de persistente suba inflacionaria, con epicentro en los alimentos de la canasta familiar, los productores campesinos destacan "somos productores de alimentos frescos y de una gran diversidad en el sector campesinado en general y en el sector frutihortícola de los cordones periurbanos, pero no recibimos realmente lo que deberíamos por los productos que mandamos a los mercados, que ofrecemos a los consumidores, porque lamentablemente el precio no lo ponemos nosotros, lo pone el intermediario que viene y se lleva nuestra producción"

En relación, de acuerdo a datos del CESO que comparan el acceso a alimentos en supermercados y en espacios de la economía popular, social y solidaria del AMBA, en los dos primeros meses de 2023, “fue más conveniente comprar en almacenes y espacios de la economía popular ahorrando en total $3.684 durante este período”. Se indica que en el primer bimestre del año la canasta de alimentos en la economía social pasó de $27.600 a $30.180 mientras que en las grandes cadenas pasó de $28.700 a $32.800. Por su parte, según el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) elaborado por el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en marzo los precios de los agroalimentos se incrementaron 3,7 veces del campo a la góndola.

“Creemos que somos la solución para erradicar el hambre porque tenemos diversidad de producciones de todo lo que se puede consumir, también hacemos agregado de valor en origen, pero pareciera que no es suficiente para competir con las grandes cadenas alimenticias que son las que ponen los precios en el mercado. Ofrecemos productos frescos, sanos, a precio justo, pero no nos toman en cuenta”, dice la productora a este portal y resalta “seguimos promoviendo ferias en todas las regiones para hacer notar la diferencia que hay en los precios cuando nosotros, los productores, le vendemos directamente al consumidor. Somos la solución, estamos totalmente convencidos, pero falta que el Estado esté presente y acompañe”.