Por Juan Rezzano

El 10 de junio, las universidades nacionales y los gremios que representan a sus docentes y a sus no docentes aceptaron un aumento salarial y presupuestario cuando desfallecían con la soga que Javier Milei les apretó en el cuello a partir de un ajuste feroz. No les quedaba otra: era el pacto o la vida.

Durante dos años y siete meses, el Gobierno construyó, cebó y sostuvo un conflicto que usó como uno de los principales teatros de operaciones de su batalla cultural contra la Argentina del "Estado empobrecedor": identificó al sistema público de educación superior como un nido de corrupción construido por la casta y le hincó la motosierra hasta el hueso para alimentar la vaca sagrada del equilibrio fiscal.

Así, empujó a la calle, para poner en foco a un enemigo icónico, a la comunidad universitaria, formada, en buena medida, por una clase media "boluprogre" que reivindica el rol del Estado en el sostenimiento de la educación pública como instrumento al servicio de la justicia social, esa "aberración comunista" que aborrece el Presidente.

La defensa de las universidades nacionales, uno de los principales focos de oposición al gobierno de Javier Milei.

Las universidades, bajo ataque de motosierra

El ajuste llevó a las casas de estudios hasta el borde del precipicio, como ilustraron los números de catástrofe que presentaron sus autoridades reunidas en un plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) celebrado en Santa Rosa, La Pampa, a fines de marzo:

- Desde el inicio de la gestión de Milei, las universidades perdieron el 45,6% de sus recursos;

- Los salarios docentes tendrían que recomponerse un 47,5% para equiparar el poder adquisitivo que tenían justo antes del ascenso de la derecha extrema al poder;

- El poder adquisitivo de las partidas correspondientes a gastos de funcionamiento de las universidades nunca superó el 64% del nivel que tenía en enero de 2023: actualmente se encuentra en torno al 40% de esos valores;

- El programa de infraestructura universitaria tuvo ejecución cero en 2024 y 2025 y este año fue eliminado del presupuesto;

- Las becas Progresar pierden entre el 75% y el 96% de su valor real.

Javier Milei, de espaldas al Congreso

El Gobierno lleva ocho meses y una semana librando su batalla cultural contra las universidades al margen de la ley. Concretamente, desde el 2 de octubre de 2025, cuando el Congreso rechazó el veto que le había aplicado Milei a la norma de financiamiento universitario bajo el fundamento de una tragedia fiscal que desmentía la Oficina de Presupuesto de Congreso (OPC).

"El impacto presupuestario del proyecto de ley para este año sería de $1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PIB", señalaba la dependencia que, como informó Letra P este semana, el oficialismo busca silenciar prohibiéndole emitir informes mientras la somete a una auditoría. Todo tiene que ver con todo.

Las universidades y el instinto de supervivencia

La ley de financiamiento universitario, cuya vigencia fue ratificada este jueves por la Corte Suprema al rechazar un recurso de queja interpuesto por la Casa Rosada y dejar firme la cautelar que lo obliga a aplicarla, establece que el Poder Ejecutivo debe reconocer la pérdida que experimentaron el presupuesto y los salarios universitarios desde el 1° de diciembre de 2023.

El acuerdo firmado el 10 de junio, en cambio, "contempla la recomposición del desfasaje del año 2025, la actualización en función de la inflación hasta mayo de 2026 y una recomposición del 7% a cuenta de la pérdida de poder adquisitivo del 2024″ y puso la paritaria entre paréntesis hasta tres meses después, cuando las partes retomarían la discusión salarial “contemplando la variación acumulada del IPC de acuerdo al Indec y la continuidad de la recomposición salarial por el desfasaje”, dice el acta de entendimiento.

En definitiva, el pacto constituyó una victoria en la derrota para las universidades: les permitió sacar la cabeza del agua para respirar, pero siguieron perdiendo.

Por eso, el acuerdo no implicó que las casas de estudios declinaran el reclamo judicial que sostienen para que el Gobierno cumpla con la ley, ahora ratoficada por la Corte.

Como sea, hay un daño que ya está hecho y que difícilmente podria ser reparado aun si el Gobierno si aviniera a ajustarse a derecho, lo que, en virtud de los antecedentes de este proceso, no es seguro que vaya a ocurrir: la caída estrepitoposa del poder adquisitivo de los salarios y el desfinanciamiento del sistema produjo una masiva fuga de recursos humanos altamente calificados: según el CIN, en dos años renunciaron diez mil docentes.

La ciencia, ¡afuera! de la Argentina de Javier Milei

El ajuste golpea incluso con más dureza al sistema público de investigación científica, virtualmente paralizado, según revela el informe presentado por el CIN en La Pampa.

- El presupuesto en ciencia y técnica se redujo 95% en términos reales;

- El financiamiento para becas cayó 39%.

- Entre 2023 y 2026, el Conicet perdió el 14% de sus investigadores, y falta computar el éxodo de quienes ya están trabajando en universidades de otros países, pero todavía no oficializaron su renuncia, porque el organismo les otorga licencia de dos años para perfeccionarse afuera.

La comunidad académica y científica siempre destaca el mismo concepto: lo que demanda años y hasta décadas de inversión, como la formación de esos recursos humanos que terminan creando conocimiento para -en el mejor caso- el sector privado local o -en el peor- para Estados que no invirtieron un solo peso en ellos, puede derrumbarse en un abrir y cerrar de ojos, en tanto su reconstrucción, si alguna vez alguien la encarase, demandaría otros tantos años y décadas cuesta arriba.