La determinación del presidente electo de que no haya en su gabinete superministros de nada, y especialmente de Economía, constituye toda una novedad. En primer término, ahuyenta el fantasma del súper-salvador cuyas decisiones solían acabar en desastres, especialmente sociales. Esto en un país que por décadas soportó economistas que decidían todo a su manera, incluso sin chequear sus medidas con los requerimientos políticos de sus gobiernos.

Los superministros trabajaban solos, rodeados de un miniequipo y sus declaraciones eran sacrosantas, sus decisiones también.

Antes del primero de estos "súper", Adalbert Krieger Vasena (1920- 2000), quien acompañó los destinos del gobierno de Juan Carlos Onganía, aquel militar que en 1966 derrocó la administración del radical Arturo Illia y soñó con parecerse a Francisco Franco, el dictador español, hubo otras figuras temperamentales que pesaron mucho en las decisiones nacionales.

Uno de ellas fue Federico Pinedo hijo (1891-1975), bisabuelo del actual legislador del mismo nombre. Formado en el socialismo -fue un gran entendido de la obra de Marx-, Pinedo aplaudió el golpe militar de 1930 y, como "independiente", participó decididamente en una década de crisis y sufrimientos. Esos diez años terminaron por ser benignos a la clase media pero castigaron en demasía a los pobres y desposeídos. Pinedo fue tres veces Secretario de Hacienda. En ese entonces no había Ministerios de Economía. Al finalizar la Primera Guerra Mundial (1914-1918), Europa no pagó sus deudas pendientes con Buenos Aires por los suministros con que Argentina había alimentado a las tropas aliadas y cortó el abastecimiento fluido desde el Río de la Plata.

Argentina se había quedado sin mercados para colocar uno de sus principales productos de exportación, la carne. Por eso el 1 de mayo de 1933 Pinedo aprobó el Pacto Roca-Runciman, firmado en Londres, que garantizaba una cuota de importación argentina no inferior a las 390.000 toneladas pero era Londres la que distribuía monopólicamente las exportaciones de sus frigoríficos en Buenos Aires y sus cercanías. Más otras discutibles concesiones.

Todo ello fue enjuiciado en el Parlamento por el senador Lisandro de la Torre. El fundador de la Democracia Progresista, de gran presencia en la provincia de Santa Fe, mantuvo durísimas polémicas con Pinedo y especialmente con Luis F. Duhau, ministro de Agricultura y Ganadería. De la Torre presentó dos proyectos en defensa de la producción ganadera poniendo entre paréntesis el acuerdo con los ingleses. Propuso que los ganaderos argentinos enviaran la carne directamente a los puertos británicos sin la intermediación de los ferrocarriles ingleses.

A mediados de 1934, De la Torre exigió una comisión investigadora para verificar si los precios que pagaban los frigoríficos guardaban relación con sus ventas. Los datos fueron ocultados en bolsas en el vapor "Norman Star" que despachaba carne a Gran Bretaña.

La comisión investigadora allanó el barco y cuando comprobó la estafa estalló un escándalo. En mayo de 1935 los frigoríficos fueron acusados de fraude y evasión. Aquello fue un debate histórico en el Congreso que terminó cuando un guardaespaldas del ministro Duhau, Ramón Valdez Cora, disparó en pleno recinto contra Lisandro de la Torre. Enzo Bordabehere, amigo y compañero de bancada, se interpuso para cubrirlo y recibió la herida mortal.

Ese acontecimiento y otros problemas en su vida personal llevaron a De la Torre al suicidio unos años más tarde.

Para entonces Argentina ya se había estabilizado. El equilibrio entre exportaciones e importaciones permitió un saneamiento del sistema bancario y la proliferación de lo que se dio en llamar "industria sustitutiva de importaciones". Impactó la declinación productiva industrial inglesa. La importación reemplazada estaba relacionada con la industria textil, ya que Argentina contaba con materia suficiente y apta. También se multiplicaron los talleres de algunas ramas de la metalurgia -máquinas, vehículos y equipos-, productos químicos y farmacéuticos, artefactos eléctricos y derivados del caucho. Más allá de todo, la industrialización era limitada e inorgánica. Pero propició en la segunda mitad de los años treinta el crecimiento de la postergada clase obrera, con mano de obra que migró del campo a las grandes ciudades del país, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, conformando el grupo humano que dará nacimiento a las bases militantes del peronismo.

De todas maneras, las restricciones financieras perjudicaron a la pequeña industria, sobre todo a los establecimientos que recurrían al crédito. La década del Treinta presenció la estrategia dominante de reunir capitales para conformar una nueva empresa industrial. Capitales extranjeros se asociaron a los argentinos. La evolución de la industria argentina fue, hasta 1940, semejante a la de otros países latinoamericanos.

La Segunda Guerra Mundial era inminente. Pinedo gestó un plan para que Argentina se defendiera con estrategias sustitutivas de importaciones, para reemplazar los insumos del exterior que quedarían en origen por ser indispensables en el conflicto bélico. El plan contemplaba una amplia reforma financiera que propendía a la creación de un mercado de capitales de largo plazo y otorgaba nuevos instrumentos al Banco Central para el manejo de la política monetaria. La Unión Industrial apoyó con entusiasmo el Plan Pinedo, pero la Sociedad Rural y la Bolsa de Comercio pusieron reparos a lo que consideraron un "fomento excesivo a la industrialización". El plan quedó cajoneado en el Parlamento sin ser aprobado por la resistencia de legisladores radicales.

La modernización de Krieger Vasena

Volvemos a encontrarnos con un súper-ministro recién tras la caída de Perón, en el gobierno de los militares que terminaron cediendo el poder en 1958 a Arturo Frondizi, el citado Adalbert Krieger Vasena, por entonces un directivo de la Banca Morgan a escala mundial, estuvo a cargo del Ministerio de Hacienda durante unos meses. Elaboró los lineamientos para que los bancos argentinos recuperaran su autonomía, tras una década de dependencia del Banco Central. Pero la reforma no dio autonomía a los bancos sino que, en los hechos, los mantuvo al servicio de los sectores del establishment que los utilizarían para reforzar sus posiciones dentro de la propia estructura de un Estado que ya era socio del Fondo Monetario Internacional desde 1956. (...)