El delegado provincial del AFSCA, Eduardo Tindiglia, se manifestó “preocupado” por los “ataques injustificados a la Ley de Medios que se han producido en los últimos días”. Así hizo referencia al decreto de necesidad y urgencia promulgado por Mauricio Macri en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tuvo su réplica en Córdoba, con una decisión similar tomada por el gobernador José Manuel De La Sota.

En medio de ese clima, en algunos círculos políticos de nuestra provincia circula el rumor de que los diputados vernistas analizan presentar una iniciativa en el mismo sentido.

“Es insólito -dijo Tindiglia- que se pretenda desconocer una ley federal aprobada por amplia mayoría parlamentaria en 2009 con este tipo de decretos que no solo son inconstitucionales, sino que pretenden consagrar la impunidad de las empresas periodísticas colocándolas más allá de la ley, ya que se las exime hasta de la obligación de pagar sus impuestos”.

Tanto Mauricio Macri como el gobernador cordobés justificaron la promulgación de estos decretos alegando que están preocupados por “defender la libertad de expresión”, “pero es una máscara para ocultar que en realidad están defendiendo los intereses particulares de un grupo de empresas altamente concentradas”, sostuvo el funcionario.

“No hay mejor defensa de la libertad de expresión que cumplir con la ley, una ley que expresa el impulso democratizador de amplios sectores de la sociedad civil que vienen bregando por una regulación en lo que respecta a la propiedad de los medios desde hace más de tres décadas”, añadió.

“Confunden a la población”

Para el delegado provincial de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), “lo que se pretende es confundir a la población, ya que la nueva legislación no dice absolutamente nada con respecto a los contenidos de lo que se emite por los medios y no establece ningún tipo de censura. Al contrario: lo que se pretende es limitar la excesiva concentración de medios en un solo grupo económico, que es la única forma de salvaguardar la pluralidad de voces y profundizar la libertad de expresión”.

“¿Por qué razón las empresas periodísticas y los profesionales de la prensa deberían tener un trato diferente al del resto de los ciudadanos en materia de delitos penales comunes y corrientes? ¿Qué tiene que ver esto con la libertad de expresión?”, se preguntó Tindiglia.

Por último, invitó a la ciudadanía “a acompañar este proceso democratizador que se abrió en Argentina con la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009” y a “no dejarse llevar por estas operaciones políticas que solo buscan asegurarse la tapa de algunos diarios y que en realidad solo pretenden proteger privilegios económicos. La única manera de asegurar y ampliar la libertad de expresión es protegiendo e impulsando la aparición de nuevas voces, que se respeten las minorías y que la agenda cotidiana no la manejen con total impunidad un grupo concentrado de empresas que solo buscan aumentar sus ganancias y defender sus propios intereses”, completó.