Indica que a lo antes descrito se le debe sumar “la eliminación de subsidios, mas políticas monopólicas que dejan a miles de familias sin servicios públicos esenciales y con la posibilidad de proveerse de elementos básicos como la alimentación, vestido, vivienda y medicamentos, en medio de una situación económica y social en la que se beneficia únicamente a los grandes grupos empresarios y se condena a los usuarios residenciales, comerciantes y PyMES”.

El Ombudsman José Leonardo Gialluca, señaló que “en nuestra permanente lucha por recuperar la energía como- derecho humano y herramienta de desarrollo económico, productivo e industrial -, incluyente de pueblos y provincias por igual, el primer y obligado paso debe ser continuar denunciando ante la Justicia Federal y ante todos los estamentos del Estado Nacional, esta situación que padece actualmente el NEA, más la concreción de iniciativas parlamentarias, para lograr obtener que se entienda que no basta con haber analizado únicamente el mercado eléctrico mayorista con una visión unitaria y no federal , lo que ha determinado que nunca, “se pensara o se planificara precios diferenciados por regiones o zonas en nuestro país y esto es lo que exigiremos que se les otorgue a las distribuidoras del NEA, para que el beneficio se traslade a los usuarios residenciales, a los comercios y a las PyMES”.

Desde el Organismo de la Constitución, se informó que desde algunos sectores políticos locales se afirma que en la factura que recibimos los usuarios de REFSA, el valor de la energía se distribuye en un 20% impuesto por Nación y el 80% sería el cargo fijo , costos de distribución e impuestos Provinciales. El Ombudsman señaló que todo ello no resiste ningún análisis y la única verdad es que tomando los Cuadros Tarifarios y el valor del kilowatt, tanto REFSA , SECHEPP (Chaco), DEPEC (Corrientes); poseen una composición de precios que se traducen en todas las facturaciones, aproximadamente, en un costo imputable de un 70% que determina y va a las arcas del Gobierno Nacional, más empresas monopólicas y en un 30% que corresponde únicamente al valor de distribución.

Se denunció además que toda la política económica y social que se lleva adelante actualmente y que seguramente se profundizará luego de las elecciones, existe por parte del Gobierno Nacional una agresiva conducta a capturar la mayor cantidad de rentabilidad para los sectores empresariales y excluir a provincias y regiones enteras, condenándolas a que no puedan conseguir el más mínimo desarrollo sustentable que beneficie a los ciudadanos.