Un integrante del Consejo de la Magistratura, cuya relación de íntima amistad con el abogado Ricardo Casali Rey es ampliamente conocida obvió deliberadamente excusarse de integrar la mesa examinadora en el concurso para Fiscal ante la Corte 2.  Se trata del juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, José Gerardo Ruiz, quien representa nada menos que a los jueces dentro del Consejo de la Magistratura.

El concurso para Fiscal ante la Corte 2 es por estas horas blanco de constantes presiones mediáticas por parte del ex gobernador, Juan Carlos Romero, quien pretende ese cargo para Casali Rey, a quien intenta presentar como un candidato del Poder Ejecutivo, maniobra que fue expuesta por este diario y generó una rápida respuesta por parte de todo el arco romerista.

 La estrategia de Romero, a través de su diario, comenzó hace varios meses con una serie de notas tendientes a desprestigiar al Consejo de la Magistratura por los procesos de selección de jueces y fiscales, aunque su único objetivo fue en todo momento amedrentar a algunos integrantes y desgastar la institución.

 Recientemente, la estrategia de Romero, expuesta por otro medio de difusión local, apunta en realidad a generar confusión y miedo con denuncias mediáticas infundadas a fin de que llegado el momento, el Consejo de la Magistratura nomine a un "operador” suyo dentro de la Justicia.

 Romero eligió a Casali Rey como su nuevo alfil dentro de la justicia penal, más precisamente como Fiscal ante la Corte 2, función clave para el ex gobernador, pues el letrado que ocupe este puesto podría salvarlo cuando al senador le comiencen a llover los procesamientos por las numerosas acusaciones por hechos de corrupción cometido durante su paso en el gobierno provincial.

 En el supuesto de que Romero sea procesado, una apelación de su defensa llevaría el caso a la Corte de Justicia, donde el ex gobernador ya no cuenta con la suficientes banca que hace unos años atrás, por lo que la única vía para hacer caer el procesamiento estaría en manos del Fiscal ante la Corte, cargo que Romero quiere ocupar con un hombre de su entorno.

Resulta que el Fiscal ante la Corte posee la potestad acusatoria en el proceso, la cual puede relegarla con un simple dictamen y de esa manera hacer caer todas las causas, pues el efecto se extendería al resto de las causas abiertas en contra del senador nacional.

 ¿Incumplimiento de deberes?

Como otra pata de la estrategia para someter a la justicia, sobre todo a los que integran el Consejo de la Magistratura, Romero lleva adelante una campaña de desprestigio que tiene como blanco al Procurador, Pablo López Viñals, con lo cual su fin principal es hacer gala de la capacidad de destrucción mediática que ostenta de la mano de su diario.

De esta manera, el ex gobernador mantiene latente el mensaje de lo que podría sucederle a los que opongan a sus deseos. El diario de Romero presenta a López Viñals como el hombre que maneja los hilos de los concursos de selección de jueces y fiscales.

 Lo que en realidad pretende Romero con su campaña mediática es restarle chances a la principal aspirante para ese cargo, la abogada Patricia di Paolo, a quien vincula directamente con el Procurador. Lo que no informa el diario romerista es que López Viñals se excusó de ser parte de la mesa examinadora en el concurso para Fiscal ante la Corte 2.

 Lo mismo hizo el presidente del Consejo, el juez de Corte, Guillermo Díaz, quien, al igual que el Procurador, no escondió su amistad con Di Paolo. De esta manera, ambos cumplieron con el reglamento institucional de inhibirse en caso de amistad con algún postulante, caso contrario podrían ser pasibles del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.

 Esta premisa, sin embargo, no fue seguida por Ruiz, quien a sabiendas de la misma y de que su relación de amistad con Casali Rey data de cuando eran estudiantes, obvió hacerse a un lado, asumiendo con ello la posibilidad de ser acusado de incumplimiento de deberes de funcionario público.

Trascendió en los pasillos de la ciudad judicial que este magistrado le habría asegurado a Casali Rey un "buen trato” en el proceso. La necesidad de "padrinos" dentro y fuera del Consejo es un asunto urgente para Casali Rey, pues el letrado, más allá de haberse desempeñado como Fiscal de Estado y haberse ido de ese cargo prácticamente despedido por el gobierno, no cuenta con antecedentes dentro de la justicia.