El gobierno anunció que está decidido a aplicar las sanciones previstas en la Ley de Abastecimiento para frenar la creciente ola de faltantes y aumentos de precios en los materiales de construcción que se viene produciendo en los últimos días. La norma habilita la intervención del Estado ante anormalidades en los mercados y permite sancionar a sus responsables con multas, inhabilitaciones para participar en licitaciones públicas y pérdida de beneficios fiscales, entre otros castigos.

“En las próximas horas va a haber sanciones para las situaciones en las que encontremos una actitud especulativa. No vamos a amenazar, como dicen algunos medios. Vamos a aplicar la ley”, dijo el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, en un reportaje concedido a la radio AM 750. El funcionario cuestionó la conducta de algunas empresas proveedoras de insumos. “Se está poniendo en riesgo un eslabón importante en la reactivación económica, como es la construcción”.

El anuncio de Katopodis se produjo un día después de que el propio presidente, Alberto Fernández, alertara sobre esta cuestión en la videoconferencia con que se celebró el Día de la Construcción. “Siempre consideré despreciable la conducta del especulador, pero especular en pandemia es mucho más que despreciable y no voy a permitir que eso ocurra. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, tiene instrucciones para caer con todo el peso de la ley allí donde veamos que alguien está acaparando recursos para la construcción y está frenando la salida de la Argentina solo para buscar un mejor precio o un mejor resultado el día de mañana. No lo vamos a permitir”, dijo el Presidente, quien por las pantallas se contactó con los empresarios que se habían reunido a celebrar la jornada en la planta de Loma Negra, en la localidad bonaerense de Olavarría.

 

Las palabras presidenciales despertaron la reacción de los dirigentes del sector. El titular de la Cámara Argentina de la Contrucción (Camarco), Iván Szczech, admitió que “hemos detectado especulación en pequeñas partes de la cadena de comercialización”, y reconoció que “todas las herramientas que se puedan aplicar para que la Argentina pueda volver a crecer, para que los argentinos puedan tener una economía en recuperación, hay que aplicarlas. Todos tenemos que poner voluntad para que esto funcione”.

Un documento interno de esa cámara había admitido hace pocos días la demora en la entrega de ladrillos, chapas, cemento y arena, entre otros insumos. Algunos analistas del sector creen que las expectativas de devaluación pueden haber influido en un insumo básico como el acero, cuyos precios están dolarizados. En ese rubro, trascendió que hubo una gestión especial de los directivos de Camarco ante Acindar, la principal proveedora, para que la firma regularice las entregas atrasadas.

Voceros del sector explicaron la falta de insumos con diversos argumentos. Entre ellos citan el repunte de las construcciones y refacciones domésticas, una merma en el ritmo de elaboración de los materiales (porque muchas firmas tienen parte de su personal contagiado de COVID o aislado en prevención) y dificultades para el transporte entre provincias. La Secretaría de Comercio Interior, por su parte, publicó la semana pasada la resolución 605/20 dirigida al sector de la construcción en la que “se intima a las empresas que forman parte de la cadena de producción, distribución y comercialización a incrementar la producción hasta el máximo de la capacidad instalada y asegurar su transporte y provisión”.

En cuanto a los precios, en octubre el índice de la construcción que elabora el Indec subió 3,7%. Pero los materiales, en particular, tuvieron alzas promedio de 7,8%. Los mayores incrementos medidos por ese organismo se registraron en hierros (16,5%), ladrillos y otros productos cerámicos (13%) y productos plásticos (12,3%).

Las dificultades traban la recuperación del sector, al que el gobierno apuesta como motor de la reactivación económica. En esa dirección se abrió una mesa de trabajo entre los empresarios, los gremios y las autoridades, en la que se acordó enviar al Congreso dos proyectos de ley proponiendo incentivos tributarios y un blanqueo fiscal a quienes canalicen ahorros hacia la construcción. El Presupuesto 2021 prevé obras públicas por $ 842 mil millones.