La Asociación Docentes de Santa Cruz y la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica fueron notificadas ayer sobre una orden emanada de la Justicia Provincial que, haciendo lugar a un pedido del Gobierno, intimó a acatar en forma inmediata la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo con fecha 2 de mayo, bajo apercibimiento de fijar la sanción monetaria de mil pesos por cada día de demora e incumplimiento.

Esto sin perjuicio, además, de dar intervención oportunamente a la Justicia Penal para la investigación del delito de desobediencia previsto en el Código Penal.

Al confirmarlo por LU 12 Radio Río Gallegos en el programa De Regreso, el titular de ADOSAC Pedro Muñoz anticipó que la entidad apelará la medida judicial, mientras que Raúl Robles dijo que la AMET se reúne hoy con sus asesores letrados para evaluar la actitud a tomar frente a la intimación.

“Obviamente que vamos a apelarlo, en uso de las facultades, atribuciones y derechos que nos asisten como parte afectada, y en eso trabajan nuestros asesores” dijo Muñoz, al tiempo que anticipó para esta jornada el análisis de la situación en el Congreso Provincial de la ADOSAC, “en el entendimiento que las distintas filiales van a sostener el reclamo de que haya una mesa de negociación para destrabar este conflicto”.

Dijo que el conflicto “se agrava día a día, con situaciones como ésta u otras que han ocurrido con el transcurrir de las jornadas”.

En este sentido mencionó Muñoz “una situación de violencia que ocurrió en la manifestación en la Junta de Clasificación, con un personal que está afectado a ese lugar, “porque ha tenido un sumario” y según indicó, “les propinó unos golpes de puño a unas compañeras, por suerte en presencia policial, y se pudo radicar denuncia correspondiente en la Comisaría Seccional Segunda”.

Al respecto reflexionó el dirigente que, “estas situaciones se van profundizando cuando no hay respuesta al conflicto de fondo, y el Gobierno lanza medidas que tienden, en lugar de solucionar, a profundizar el conflicto, como es esta situación de designar a personal docente que ni siquiera tiene legajo, que tiene que inscribirse, para cubrir la suplencia del compañero que está con medidas de fuerza”.

Muñoz explicó que la presencia tiene que ver con “hablar con los compañeros que se acercan a inscribirse para eso, y convencerlos de que no lo hagan, en función de que estamos todos en un reclamo”, aunque aclaró que “no ha habido mucha inscripción, ni docentes que han ido a querer tomar la suplencia de los compañeros que están con medidas de fuerza”.

En tanto resaltó que “son todas consecuencias de las medidas que ha tomado el Gobierno, como el Acuerdo 078 que hemos rechazado rotundamente, porque viola toda normativa vigente”, y en este punto reparó en que, “cada vez que tomamos medidas nos quieren aplicar una ley, como la conciliación obligatoria, cuando el Estado incumple la ley de paritarias, y no sólo nos exige, sino que nos termina mandando a la Justicia”.

Es así que dijo: “los trabajadores estamos en total indefensión, ante la total ilegalidad que nos quiere imponer este modelo de gobierno”, y que indicó, “de la única forma que podemos contrarrestar es con la legitimidad de nuestro reclamo, la fortaleza, el porcentaje de adhesión a una medida dura por cierto, de paro por tiempo indeterminado, que esperamos que termine rápidamente si es que el Gobierno provincial realmente tiene intenciones de sentarse a discutir en una mesa de negociación”.

Requerido si en el caso que algún docente se acerque a inscribirse para tomar un cargo suplente de docentes en huelga, los docentes apostados en el lugar se lo impiden, dijo que esto no es así, “es más, nadie ha llevado planillas ni nada, y que ni los directivos ni supervisores comparten esta medida del gobierno, antihuelga, antiestatutaria, anti todo, que solamente busca frenar una medida de fuerza en lugar de buscarle una solución al conflicto”.

“Y si es que va algún compañero, se habla con él, para que tome conciencia de la situación que se puede llegar a presentar en contra de otro trabajador que está ejerciendo un derecho como el derecho a huelga”, añadió el dirigente.

Consultado más adelante sobre las manifestaciones del ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, Muñoz admitió que “no va a decir otra cosa que no sea el discurso oficial, y de eso ya estamos cansados, que el gobernador (Daniel Peralta) nos acuse de hacer un paro político, político partidario en realidad, porque política es todo lo que hacemos en la vida diaria, en referencia a nuestra vida laboral, nuestras expresiones públicas”.

En contraposición dijo que “llevarlo a un terreno de política partidaria es una falta de respeto a la asociación, a todos los compañeros que están llevando adelante las medidas de fuerza, que toman decisiones en asamblea, no por militar o no militar en un partido político, y el gobernador nos manda graciosamente a que participemos en las elecciones, si sabe que somos una organización gremial”.

Para Muñoz con esto, “hay una intención de desviar el eje del conflicto, y buscar elementos para no enfrentarlo y solucionarlo”.

Un párrafo aparte dedicó el dirigente para referirse a la actuación de la Justicia que “está totalmente dependiente del poder político”, y en tal sentido denuncia la ADOSAC en los volantes que entrega en cada manifestación, rechazando a su vez la orden judicial de desalojo a los docentes de 28 de Noviembre y Río Turbio, la denuncia penal a maestros de Río Gallegos por el CPE, y el procesamiento a manifestantes en la ruta en la Zona Norte. “La parcialidad y la intencionalidad están a la orden del día”, añadió.

Más adelante también rechazó la calificación como “escrache” del encuentro que manifestantes en la Dirección Zona Norte tuvieron con la vicepresidenta del CPE, Marisa Oliva, a quien reiteraron el rechazo de la ADOSAC al acuerdo 078, “que ha generado los enfrentamientos de los últimos días”.

Dijo desconocer si continuarán acciones de esta naturaleza, y señaló que “no son las mismas reacciones, tal el caso del INADI, cuando los maestros recibieron una golpiza, no una tocada de bombo o reclamo”, y consideró, “altamente reprochable que cuando nosotros manifestamos automáticamente se producen estos gritos en el cielo, y el mecanismo de parcialidad con que se manejan estas situaciones”.

En cuanto al conflicto, reiteró que “está totalmente estancado” y que “la solución es que se abra un mecanismo de negociación, y el Gobierno sabe que en la negociación y en el avance de la discusión se llega al acuerdo”. Pero lamentó que “hoy no tenemos ese espacio de negociación, y ya no sé si le interesa al Gobierno cerrar este conflicto o dilatarlo con este tipo de medidas, para ver qué pasa”. “Y ya con eso nos hemos comido todos, 27 días sin clases”, remarcó Muñoz.

En la Enseñanza Técnica

También desde la AMET, Raúl Robles confirmó la notificación de la intimación judicial, con sanción de mil pesos por día de incumplimiento, y dijo que “está siendo analizado el documento, y mañana (por hoy) nos reunimos con nuestros abogados para analizar y responder a la Justicia qué medida vamos a tomar, seguramente para el día lunes”.

Mientras tanto dijo que “continúa el paro”, según indicó “con fuerza y firme”, aunque ahora analizando esta medida, “que vamos a analizar bien, para tomar una decisión”.

Requerida una opinión sobre los enfrentamientos que provocan las medidas, Robles repudió “todo hecho de violencia” toda vez que dijo, “estábamos acostumbrados a vivir en tranquilidad en cualquier lucha”.

El dirigente advirtió que “acá se inició con el brutal ataque que tuvieron los vecinos nuestros, de Río Turbio y 28 de Noviembre, trabajadores, enfermeros, maestros y dolió mucho”.

Por eso afirmó “de parte de AMET, queremos urgente que se solucione el conflicto, que vuelvan los chicos a clases y los docentes a trabajar, que vivamos en paz, pero eso sí, que sigamos negociando, y de ambas partes ceder, porque si no, no vamos a solucionar nada”.

Manifestantes denuncian agresiones

Por la mañana, la docente Sandra González y un empleado municipal, Félix Burgos, quien acompañaba a su esposa docente en el ingreso al edificio de las Juntas de Clasificación del Consejo Provincial de Educación, fueron agredidos por un empleado del organismo, donde manifestaban contra la medida que tomó el Gobierno de habilitar la cobertura de los cargos de los docentes que hacen huelga.

González dijo que fue radicada una denuncia policial en la Comisaría Seccional Segunda, ya que dijo, “vinimos, como lo hicimos el miércoles, y esperando el horario de apertura de la Junta ingresamos tres docentes, y un docente que trabaja acá –por la Junta-, empezó a agredir verbal y físicamente a una compañera”.

Asimismo dijo por LU 12 Radio Río Gallegos: “en un momento determinado se puso muy loco, y cuando lo increpamos porque nos estaba agrediendo, me pegó una patada muy fuerte y dos piñas en la cabeza”. Incluso dijo que “se presentó tan sacado como estaba en la Junta, en la propia Comisaría, así que nosotros hicimos denuncia penal”.

En cuanto a Burgos, el movilero de la radio, en el lugar, pudo recoger la información de que fue agredido con una piedra que le provocó un corte en el cuero cabelludo, y luego de recibir curaciones, habría radicado también la denuncia correspondiente.