Admiten que está "en riesgo" el sector privado de salud

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Las prepagas habían pedido un ajuste del 9% desde septiembre y el Gobierno concedió un 7,5% de octubre.

Prepagas e instituciones del sector privado de la salud manifestaron su "desazón y descontento generalizado" tras el criterio utilizado por la Superintendencia de Servicios de Salud para autorizar incrementos en las cuotas del sector inferiores a los reclamados. 

Las prepagas habían solicitado un ajuste del 9 por ciento desde septiembre, pero el gobierno les concedió 7,5% y desde octubre.

En un escenario inflacionario que no cede a pesar de la recesión aguda que afronta la Argentina, el reclamo de las prepagas le mete más presión a un bolsillo ya castigado por el alza de alimentos y bebidas, higiene y otros servicios como colegios privados, seguros, transporte de taxis y remises, y otros. Las prepagas -que son financiadores del sistema de salud- cuestionaron que los ingresos en las cuotas serán "menores a lo pautado y por lo tanto insuficientes, y además llegarán a destiempo para cumplir con los compromisos asumidos en las últimas paritarias".

A su vez, los centros de diagnóstico enrolados en CADIME acusan a las prepagas de no trasladarles lo incrementos que consiguen del gobierno a los aranceles que pagan por las prestaciones de servicios como estudios de alta complejidad, laboratorio y otros.

En la última reunión de Intercámaras, donde participaron ADECRA (clínicas y sanatorios), ADEMP (medicina privada), ACAMI (entidades sin fines de lucro), CEMPRA, CEDIM, CIMARA, FEM, FEMECA y FAOSDIR, se discutió la problemática del sector en las que las distintas cámaras trataron la posibilidad real de que las entidades que representan decidan cobrar copagos en sanatorios, hospitales, Centros de Atención Ambulatoria y Centros de Diagnóstico.

"Esta medida se hace imprescindible para hacer frente al incremento de los gastos propios a sus  estructuras de costos, como a los relativos al costo de vida en general", indicaron. También se analizó la presentación de recursos administrativos y judiciales, en última instancia, como consecuencia de la aplicación inadecuada de la ley 26682, Ley de Regulación de las Entidades de Medicina Prepaga.

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