Esta información fue tomada por el diputado del ARI, Fernando Urbano, quien le pidió a Das Neves que si realmente se entregaron 12 mil viviendas, que clarifique donde figuran las cinco mil que no aparecen en los informes que el IPV envió a la Legislatura.

Se mostró preocupado por la carencia de viviendas dignas que afectan a miles de familias chubutenses y observa que la falta de políticas públicas transparentes para la asignación de tierras por parte de los municipios y de viviendas por parte del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, da lugar a conflictos de muy difícil solución, donde terminan enfrentados vecinos entre sí, y en lugar de primar el diálogo y las soluciones constructivas, se imponen los agravios y las descalificaciones.

Dijo que desde el Bloque Coalición Cívica- ARI, han prestado especial atención a esta problemática y una de las medidas concretas que serviría para mejorar esta situación, es la existencia de una normativa, procedimientos y criterios claros para la asignación de estos recursos, “de manera que todas las familias puedan conocer quiénes son los beneficiarios de cada nuevo barrio que se inaugura, y en caso de entender que no ha sido considerada su situación, plantear la correspondiente queja”.

Urbano indicó que ha presentado múltiples pedidos de informes, haciendo uso del derecho que como diputado y como ciudadano tiene de acuerdo a la ley de acceso a las fuentes de información pública, Ley 3764 pero ha sido imposible conseguir algún dato desde el IPV y ante esta negativa ha tenido que recurrir a la Justicia mediante una acción de amparo.

Menos viviendas

Urbano considera que es necesario conocer la cantidad de familias inscriptas en el Registro Permanente de Aspirantes a Viviendas y que las autoridades no han hecho entrega del mismo, “me acercaron cientos de fojas sin ningún orden ni lógica que no sirve para conocer la actual necesidad de vivienda”.

Indicó que no se ha podido identificar las casi 12.000 viviendas que el Gobierno dice haber entregado desde el inicio de la gestión de Mario Das Neves, ya que el listado otorgado por el mencionado organismo tiene solamente 7.000 viviendas, “si se entregaron más viviendas donde están las otras 5 mil que dicen haber entregados”, se preguntó.

El diputado lamentó que el IPV le ha negado la información sobre cuál es el mecanismo utilizado para la adjudicación de viviendas y los criterios específicos de evaluación, “tampoco me han dicho, de acuerdo a lo solicitado, los casos en que el IPV y DU haya revocado la adjudicación de la vivienda por incumplimientos o irregularidades como alquiler, venta, falsedad en los datos aportados, incumplimiento injustificable del pago de cuotas, etc”.

Adjudicaciones secretas

El legislador dijo que el gobierno afirma que para la asignación de las viviendas se tiene en cuenta la existencia de situaciones de prioridad, ejemplificando el caso de familias con discapacitados o veteranos de guerra, pero sin suficiente precisión, “es decir que no debería haber en la provincia ningún discapacitado, ni veterano de guerra que se le haya negado la asignación de una vivienda pero la realidad nos indica que esto no es así”.

Dijo que no se ha cumplido en toda la gestión de este gobierno con la obligación de publicar el listado de aspirantes preadjudicatarios de acuerdo a lo impuesto en la Resolución 1044/91 del IPV y DU, aduciendo que lo hacen por “respeto a la intimidad de los grupos familiares adjudicatarios y en base a este argumento en todas las oportunidades que se resolvió la adjudicación de viviendas lo hicieron en forma secreta, sólo haciéndolo conocer a las familias beneficiarias, violando el derecho de las demás inscriptas de conocer y de poder cuestionar la decisión administrativa”.

Nunca un sorteo

Urbano explicó que nunca el IPV realizó un sorteo público porque “sólo se realizaría en los casos de igualdad de condiciones” preguntando cómo las familias no elegidas van a conocer si existe igualdad de condiciones o no, si no se publican los listados de aspirantes ni el registro ni los puntajes asignados y mucho menos los criterios utilizados”.

Según lo informado por el IPV y DU ninguna familia chubutense ha cuestionado en toda esta gestión la forma en que se ha decidido las adjudicaciones de viviendas, “hay dos posibilidades que ninguna familia está disconforme en Chubut con la forma en que se asignan las viviendas por parte del Gobierno, o los interesados en realizar las quejas no están informados de las decisiones administrativas”.

Para el diputado estos reglamentos no son conocidos por los que esperan una vivienda por tal motivo ofrece a todo aquel que quiera copias de las respuestas del IPV y DU en las que se basa esta nota para que pueda requerirlas al Bloque Coalición Cívica-ARI, en la Legislatura Provincial, sito en Mitre 550, Rawson, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14 horas, (Teléfono 02965-482061 al 65).

Sugiere que toda familia chubutense que por la situación familiar, antigüedad en la inscripción, etc., considere que ya se le debería haber otorgado una vivienda, se dirija a la sede del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano y requiera por escrito la exhibición del listado del Registro Permanente de Aspirantes a Viviendas, el puntaje asignado y las razones por las que han sido preferidas en anteriores adjudicaciones otras familias.

Derechos

El legislador indicó que en caso de que se haya realizado con anterioridad una presentación similar, sugiere que se acerque copia al Bloque del ARI para documentar el reclamo ya que el Presidente del IPV y DU ha afirmado que nunca alguien ha protestado por tal circunstancia, “el derecho de los ciudadanos de saber lo que hace el Gobierno con los recursos de todos los chubutenses no puede ser violado con tanta impunidad por los funcionarios de turno, bajo la excusa de proteger la intimidad de aquellos que justamente están perjudicando. Pero corresponde a todos y cada uno de nosotros exigir el respeto de estos derechos, para hacer una democracia con participación social y respeto de la dignidad humana”.