"La Unión Cívica Radical insistirá en la necesidad de una Ley" y advierte que analizará "todas las instancias políticas y jurídicas que nos permitan dar a la Provincia la seguridad jurídica que necesitamos ya que: contratos mal hechos, irremediablemente terminan mal", indicaron en un comunicado titulado "El petróleo es patrimonio de los mendocinos, no de un gobernador" que firman César Biffi, presidente del comité provincia y Ernesto Sanz, presidente del partido a nivel nacional.

Pero también los bloques provinciales de Senadores y Diputados, la senadora nacional Laura Montero y los diputados nacionales Sergio Pinto, Ricardo Mansur y Mariana Juri; los intendentes Alfredo Cornejo, Víctor Fayad, Mario Abed, Gerardo Del Río, Eduardo Giner y Gustavo Pinto y hasta el ex gobernador Roberto Iglesias,

La convocatoria que lanzó Jaque está dirigida a las empresas concesionarias de 31 áreas petroleras con quienes pretende renegociar una prórroga por 10 años más. Sin hilar fino, el acuerdo implicaría a las arcas mendocinas, entre otros ítems, un ingreso extraordinario que rondaría los 300 millones de dólares o 1.200 millones de pesos. Este monto es equiparable al presupuesto en Salud de 2011 o la pauta de gastos en obra pública de todo el año que viene.

A diferencia de la UCR, los demócratas consideran que el decreto de Jaque aunó las sugerencias de la oposición y no ponían trabas a la decisión oficial, por lo que centraron sus expectativas en el destino que tendrán esos fondos.

No obstante, en las últimas horas se registraron un par de llamadas telefónicas y hoy a las 8.30 en la comisión de Energía de la Cámara alta podría darse un giro inesperado. Los gansos accederían a consensuar una norma siempre y cuando contenga un aspecto fundamental: la restricción al uso de los fondos. Pese a distintos intentos, fue imposible conocer la postura del Gobierno, respecto a esta posiblidad que se adelanta para esta semana.

Según los radicales, la decisión de Jaque de echar mano a un decreto es de una gravedad inusitada ya que "las áreas centrales petroleras son patrimonio de todos los mendocinos" y la negociación que pretende llevar adelante es ni más ni menos, "una privatización".

Desde que el Gobierno convocó a las petroleras para renegociar las concesiones que vencen entre 2015 y 2017, la oposición insistió en la necesidad de una ley que establezca las pautas mínimas que debería tener en cuenta el Ejecutivo para la renegociación de esos contratos. Si bien el mandatario abrió un espacio para el diálogo, se cansó de esperar a la Legislatura y lo sacó por decreto.

"Dicha actitud le quita la necesaria transparencia y abre un sinnúmero de incertidumbres sobre el futuro de esta actividad económica", se dice en el comunicado.

Para la oposición la actitud del gobierno "pone en riesgo la seguridad jurídica", contribuye a percibir "menos recursos de los que debería" y "no garantiza la correcta utilización de los recursos extraordinarios que reciba".