La acusación fue dictada por el juez Miguel Vázquez, quien de ese modo dejó el terreno listo para pasar hacia la última etapa procesal, que culminará con la sentencia en primera instancia en la causa que investiga la represión y exterminio de la segunda cúpula del PC chileno. De acuerdo con el documento judicial, el 13 de diciembre de 1976 un grupo de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) detuvo a Fernando Navarro Allendes, Lincoyán Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Fernando Ortiz Letelier, Héctor Véliz Ramírez y Waldo Ulises Pizarro Molina, todos militantes comunistas.

Los dirigentes fueron trasladados al cuartel secreto de la calle Simón Bolívar al 8800, en la comuna de La Reina, donde fueron interrogados bajo brutales torturas y posteriormente hechos desaparecer. De acuerdo con el relato de varios testigos, a los detenidos se los ejecutaba, se los metía en sacos, a algunos se les ponían rieles para ser lanzados al mar y otros desaparecían en las minas de cal de Lonquén o la cuesta Barriga. Los cuerpos de Berríos Cataldo, Ortiez Letelier y Cepeda Marinkovic pudieron ser recuperados recién en julio de 2010.

La DINA, según el juez Vázquez, tenía como fin reprimir, detener y desarticular al PC. Una tarea de la que también participó Gladys Calderón, otra de las acusadas en el caso, quien ponía inyecciones letales a los detenidos. Además, aparecen imputadas Adriana Rivas, Berta Jiménez y Celinda Aspe, supuestas secretarias del director de la DINA, Manuel Contreras, que sólo habrían tomado parte "operativa" en los crímenes.

Una de ellas, Rivas, reside actualmente en Australia y podría ser extraditada. "Es una figura central, tanto por su propia responsabilidad como por la información que maneja. De acuerdo a la institucionalidad que une a Chile y Australia, la extradición es perfectamente viable", dijo el abogado de los familiares de las víctimas, Eduardo Contreras, quien consideró que la decisión judicial fue "histórica".

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, celebró los avances en la causa de su padre, aunque desconfió de la justicia de su país en general. "Hoy día, la verdad todavía no sé exactamente qué pasó con él. Sé generalidades, porque el pacto de s ilencio sigue entre los uniformados. Por desgracia, tenemos un Estado que indulta o da beneficios carcelarios a los que cometieron tanta barbaridad", dijo Pizarro en alusión a los privilegios otorgados a condenados por crímenes de lesa humanidad.

Es el caso de los ex carabineros Guillermo González Betancourt y José Fuentes Castro, dos de los implicados en una causa por el homicidio de tres personas durante la dictadura, que obtuvieron el beneficio intrapenitenciario que se conoce como "salida controlada al medio libre". Es decir, la posibilidad de salir por más de 15 horas diarias para "concurrir a establecimientos laborales, de capacitación, justicia laboral o educacional, a instituciones de rehabilitación social o de orientación personal". «

también la "caravana de la muerte"

La justicia chilena inició ayer otra investigación sobre un grupo de represores de la dictadura por la muerte y desaparición de 16 personas en el llamado caso "Caravana de la Muerte", uno de los episodios más emblemáticos del régimen pinochetista (1973-1990).

La decisión fue tomada por la jueza especial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Patricia González Quiroz, quien dictó una acusación contra nueve represores por secuestro y homicidio calificado. Los imputados son el general Sergio Arellano Stark, que comandaba la operación, Carlos Arredondo, Pedro Espinoza, Marcelo Moren, Patricio Díaz, Ricardo Yañez, Waldo Ojeda, Marcelo Marambio y Oscar Haag.

El nombre de "Caravana de la Muerte" identifica al grupo militar que recorrió en helicóptero diversas ciudades de Chile. Sus integrantes asesinaron a cerca de un centenar de presos políticos a los que sacaron de las cárceles donde estaban recluidos.

buscan la verdad en el salvador

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ordenó a la Fiscalía General de ese país iniciar una nueva investigación para determinar quiénes ordenaron y cometieron los asesinatos en la masacre del 25 de julio de 1981, cuando una patrulla del Ejército salvadoreño, en plena guerra civil, asesinó a 45 personas en el pueblo San Francisco Angulo.

Los reclamos para que el caso sea investigado comenzaron en 2005, momento en el que los familiares de las víctimas comenzaron a exigir justicia. Si bien a partir de ese entonces la Fiscalía realizó exhumaciones en más de 40 cadáveres, lo cierto es que la CSJ consideró que la investigación realizada hasta ahora no fue "seria, exhaustiva, diligente ni concluyente". “El Fiscal General de la República vulneró los derechos de acceso a la jurisdicción y a conocer la verdad de los hechos", agregó el máximo tribunal salvadoreño.

Claudia Interiano, representante de los familiares, consideró que "el fallo es un hecho sin precedentes en El Salvador, porque es la primera vez que se habla que se ha violentado un derecho constitucional, que es el acceso a la jurisdicción, y dentro de este, por primera vez se estaría diciendo que se ha violado el derecho a la verdad”.

La mujer contó, además, que durante la guerra civil salvadoreña, entre 1980 y 1992, se produjeron carnicerías similares a la de San Francisco de Angulo, que respondían a una táctica de contrainsurgencia conocida como tierra arrasada. Se trataba de “quitarle el agua al pez”, es decir, sacarle a la guerrilla su base social de apoyo.